Una nueva alarma sacude la seguridad del Estado colombiano. El analista de ciberseguridad Mateo Amaya Quimbayo denunció que la Presidencia dejó expuestos en internet más de 32 gigabytes de información sensible relacionada con operaciones militares y esquemas de seguridad, sin ninguna protección. A través de redes sociales, explicó que los servidores ArcGIS utilizados por la Casa de Nariño permanecieron "sin ningún tipo de contraseña o firewall", permitiendo que cualquiera con acceso a internet pudiera revisar más de 300 servicios distribuidos en 26 carpetas.

La magnitud del riesgo es preocupante. Entre los archivos disponibles al público habría mapas de operaciones militares, información sobre territorios controlados por grupos armados ilegales y, lo más grave, coordenadas exactas de campamentos de reincorporación de las extintas FARC. También se encontraban documentos sobre vehículos blindados, sistemas de botones de pánico y detalles de los esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), incluyendo el tipo de medidas asignadas a personas bajo custodia estatal.

El denunciante fue claro en su preocupación: "Es como si el arsenal de un batallón del Ejército lleno de armas y municiones se dejara abandonado y sin candado", escribió, calificando lo ocurrido como una "falla grave de seguridad nacional". Lo más peligroso es que los propios grupos armados ilegales podrían haber accedido a información sobre los movimientos y presencia territorial que el Gobierno conoce sobre ellos. Como señaló Amaya: "Sin inteligencia y sin el factor sorpresa no es posible ganar".

Lo inquietante es que esto no parece ser un incidente aislado. Amaya recordó que anteriormente el Gobierno publicó desde cuentas oficiales mapas relacionados con la presencia del ELN en el Catatumbo, una exposición que generó controversia. El analista sugiere que la situación obedecería a una "negligencia exagerada" y cuestionó la voluntad real del Gobierno para enfrentar a los grupos armados ilegales.

Esta denuncia llega en un momento en que ya enfrenta críticas por otros casos de divulgación de información clasificada. En febrero del 2025, el Centro Democrático denunció al presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara por publicar en X un mapa con la ubicación exacta del ELN en el Catatumbo, Norte de Santander. El concejal Julián Uscátegui aseguró que la acción "podría haber puesto en riesgo la vida de nuestros soldados y policías, el correcto y debido desarrollo de las operaciones militares y la seguridad nacional".

Según verificación realizada, la imagen que compartió Petro efectivamente pertenecía a un campamento del ELN en la zona que "los comandos de las Fuerzas Especiales No. 5 que llegaron de Tolemaida iban a asaltar". No fue la única vez: al inicio de operaciones contra guerrillas en el Catatumbo, el mandatario publicó mapas con la palabra "secreto" resaltada en rojo. El 31 de enero también anunció por X el inicio de operaciones militares, cuando lo lógico sería informar una vez terminadas.

Hasta ahora, la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa no se han pronunciado oficialmente sobre la denuncia de exposición de datos. El silencio en este tipo de asuntos es un lujo que Colombia no se puede permitir.