El caso del pequeño Kevin Arley Acosta Pico sigue generando indignación en el país. Después de que el presidente Gustavo Petro sugiriera en el Consejo de Ministros del 16 de febrero que el niño de siete años murió por una caída en bicicleta, la candidata a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Marcela García, decidió actuar. Presentó una acción de tutela en representación de Yudy Katherine Pico, la madre del menor, argumentando que se han vulnerado derechos fundamentales como la intimidad, la honra, el buen nombre y la dignidad.

Las declaraciones presidenciales no solo contradijeron la versión de la madre, sino que, según García, revictimizaron a la familia al responsabilizar directamente a Pico de lo ocurrido. La madre ha sido clara en sus explicaciones: su hijo llevaba desde diciembre de 2025 esperando un medicamento para tratar hemofilia A severa, una enfermedad que afecta la coagulación de la sangre. "El niño murió por falta de un medicamento que no se le puso a tiempo, cuando debía ser, no por una caída", expresó con dolor en entrevista con Blu Radio. Agregó además que muchas personas con hemofilia practican deportes como ciclismo, por lo que una caída no debería ser la causa principal de la muerte.

Pero lo que encendió más los ánimos fue la publicación de la historia clínica del menor por parte de la Nueva EPS. El asegurador divulgó información médica privada del niño fallecido, señalando que se trató de "un trauma craneoencefálico severo accidental que generó hemorragia intracraneal", supuestamente para respaldar la versión de Petro y del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación, no dudó en calificar esto como un delito. "Revelar la historia médica del menor fallecido Kevin Acosta es un delito. La Nueva EPS nunca debió entregar esa información. El Código Penal colombiano, en su artículo 269F, consagra la violación de datos personales", explicó Barbosa.

En Colombia, la historia clínica es un dato sensible y reservado que goza de protección constitucional como parte del derecho a la intimidad, además de estar amparado por la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales y por normas específicas del sector salud que establecen su carácter confidencial.

Marcela García fue enfática en su defensa de los derechos de la madre. "Una madre que acaba de perder a su hijo merece respeto, no señalamientos desde el poder. No es justo que desde la Presidencia se lancen insinuaciones sin que exista una investigación judicial. No es aceptable que se exponga información médica privada. No se puede convertir el dolor de una mujer en espectáculo público", afirmó la candidata del Centro Democrático. Luego remarcó: "¡Basta de usar el cargo para atacar, basta de humillar y revictimizar!", haciendo un llamado a respetar a quienes sufren por las deficiencias del sistema de salud colombiano.