Por segunda ocasión en menos de un mes, Juliana Andrea Guerrero Jiménez no se presentó a la audiencia donde la Fiscalía le imputa cargos por presunta falsificación de sus títulos universitarios. La diligencia estaba programada para la mañana del 10 de marzo en los juzgados del Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá, pero tras esperar aproximadamente una hora sin que la investigada llegara, la sesión no pudo realizarse.

La funcionaria envió una carta a la Fiscalía pidiendo por enésima vez aplazar la audiencia. En el documento, fechado el mismo día de la diligencia, Guerrero argumentó que la repercusión nacional del caso le ha hecho prácticamente imposible conseguir un abogado particular que quiera asumir su defensa. "Me permito dirigirme respetuosamente a su despacho con el fin de solicitar el aplazamiento por última vez de la audiencia de formulación de imputación", escribió. Explicó que debido a la "connotación pública y nacional de los hechos", le resultó "materialmente imposible concretar oportunamente la contratación de un abogado de mi confianza que pueda asumir de manera adecuada mi defensa técnica".

Lo llamativo es que Guerrero rechaza continuar con la Defensoría del Pueblo, que ya le había asignado un abogado. En su comunicación señaló: "No requiero la designación de un defensor público por parte de la Defensoría del Pueblo, sino que solicito muy respetuosamente se me conceda un término razonable que me permita contratar un abogado idóneo". La investigada dice que esta solicitud busca proteger sus garantías constitucionales al debido proceso.

La juez 79 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá aceptó el aplazamiento y devolvió el caso a reparto para que otro despacho fije una nueva fecha. Mientras tanto, la Fiscalía retiró su solicitud de detención domiciliaria contra Guerrero, que había presentado el 9 de febrero.

La investigación se centra en diplomas de contaduría pública que Guerrero presuntamente obtuvo de la Fundación Universitaria San José sin cumplir requisitos obligatorios, entre ellos la prueba estatal Saber Pro. Las autoridades buscan establecer si estos títulos fueron usados para acceder a cargos públicos. Este caso tomó relevancia cuando Guerrero fue postulada como viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad.