En redes sociales ha resurgido una pregunta que suena democrática pero que Colombia ya respondió hace décadas: ¿por qué no pueden votar los ciudadanos, o al menos los trabajadores, sobre las tasas de interés que cobra el Banco de la República? La respuesta no es caprichosa ni autoritaria. Es una lección cara que costó años de inflación galopante.

Antes de 1991, el Banco de la República funcionaba diferente. No era una institución técnica e independiente como la conocemos hoy. Su junta directiva incluía representantes de la Federación de Cafeteros, cámaras de comercio y otros sectores económicos. Sonaba inclusivo. Pero María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá y economista e historiadora, explicó en redes sociales lo que pasó en realidad: "la inflación nunca bajó del 20–30% anual".

Esa cifra no es un número abstracto. Significa que si usted compraba algo por 100 pesos en enero, para fin de año costaba entre 120 y 130 pesos. Los trabajadores perdían poder de compra mes a mes. Sus salarios simplemente no podían subir tan rápido como subían los precios en las tiendas. "¿Quiénes fueron los más perjudicados? Los trabajadores que perdían poder de compra porque los salarios no podían ajustarse tan rápido ante cambios en precios tan bruscos", señaló López. Las personas con ingresos fijos sufren más la inflación que los ricos, porque gastan casi todo lo que ganan en comida y servicios básicos.

Había otro problema mayor. Cuando distintos sectores económicos tienen poder de decisión en el banco central, tienden a usar ese poder para favorecer sus propios negocios. "La política monetaria se concentró en políticas de fomento para favorecer a los sectores que estaban en la junta, favoreciendo a una minoría, perjudicando a la mayoría", explicó López. Los cafeteros querían tasas bajas para financiarse más barato. Los comerciantes querían dinero fácil. El resultado era una política monetaria al servicio de pocos, no del país entero.

Esa fue la razón decisiva para el cambio de 1991. La nueva Constitución le quitó al Banco de la República la representación de sectores y le dio un mandato claro: proteger el poder adquisitivo del dinero. Es decir, evitar que los precios se disparen. Los integrantes de su junta directiva dejaron de ser voceros de intereses particulares y pasaron a ser técnicos que toman decisiones basadas en datos de inflación, expectativas económicas y condiciones internacionales.

Los números hablan: "únicamente después de la Constitución de 1991 es que se puede ver de manera clara que la inflación cae y se mantiene en 5% o menos", contó López. Un 5 por ciento anual es manejable. Con eso, los salarios pueden ajustarse mejor, el ahorro de la gente mantiene su valor y la economía es más predecible para empresarios que quieren invertir.

Así que cuando alguien pregunta por qué los ciudadanos no deciden las tasas, la respuesta histórica es incómoda pero clara: porque ya lo intentamos, y dejó a millones sin poder comprar lo que necesitaban. La independencia del Banco no es un capricho tecnócrata. Es la consecuencia de aprender por las malas que mezclar política electoral con decisiones monetarias trae inflación, y la inflación golpea primero a los pobres.