Después de meses de incertidumbre sobre la sostenibilidad fiscal, el Ministerio de Defensa concretó lo que prometía: un aumento salarial significativo para todos los uniformados del país. El decreto número 038 del 7 de abril oficializó los nuevos salarios de policías y soldados, en un contexto donde el Gobierno ha tenido que defender constantemente su capacidad de pagar estas nóminas.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó que a pesar de que la inflación de 2025 fue del 5,1%, el Gobierno aprobó un aumento del 7% para oficiales y suboficiales. Pero lo que generó mayor entusiasmo fue lo que calificó como "un aumento histórico para la nivelación salarial de la base de las Fuerzas Militares". Un soldado profesional pasará a ganar $2.451.267 mensuales, con un incremento del 23%; los cabos terceros recibirán $2.482.834 (aumento de 25,6%), mientras que los sargentos segundos llegarán a $2.545.974 con un incremento del 11,9%.

Lo más importante para los uniformados es que el aumento es retroactivo. Significa que en abril recibirán el dinero correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo. "Bienestar y moral combativa para nuestros héroes y heroínas es seguridad para todos los colombianos", señaló el ministro Sánchez.

Pero detrás de esta noticia positiva hay una realidad inquietante. En enero, el presidente Petro mencionó en Consejo de Ministros que de no mantenerse su decreto de emergencia económica, simplemente no habría dinero para estos salarios. La razón: el Presupuesto General de la Nación se redujo en 16 billones de pesos. La Corte Constitucional suspendió ese decreto, pero los salarios continuaron pagándose. Petro reconoció en su momento que no pagarlos sería inconstitucional, ya que la Constitución protege los derechos sociales de los colombianos.

La preocupación persiste. El 6 de abril, el presidente volvió a mencionar la posibilidad de una nueva emergencia económica. "Alistémonos a presentar (...) el proyecto de ley de financiamiento del Estado de nuevo porque el Presupuesto sigue desequilibrado y no se han tomado las medidas para equilibrarlos", expresó Petro. Añadió que si el Congreso no aprueba la reforma tributaria, "lo hará el siguiente; y, si es necesario, decretaremos una nueva emergencia económica".

Esta será la tercera ocasión en que el gobierno intenta aprobar una reforma tributaria. La primera se aprobó en 2022. La segunda, que buscaba recaudar 16,3 billones de pesos para el presupuesto de 2026, fue rechazada por el Congreso. Ahora, el Gobierno insiste en que sin nuevas medidas fiscales, el equilibrio presupuestario seguirá siendo una quimera.