Un nuevo manual de procedimientos llega a la Policía Nacional con cambios que ponen de presente las tensiones entre seguridad y derechos humanos. La Resolución 01319 de 2026, ya en vigencia, marca límites claros sobre cuándo y cómo los uniformados pueden usar sus armas de fuego, y desde hace poco genera debate en el país.

La norma prohíbe explícitamente que los policías disparen para defender cosas materiales. El arma solo puede sacarse como último recurso cuando hay una amenaza real e inminente contra la vida de civiles o de otros uniformados. Antes de llegar a eso, los oficiales deberán intentar otros métodos menos letales. Además, si apuntan con un arma, debe existir una razón legal clara y, si es posible, deben identificarse e advertir antes de disparar.

Otro punto que ha levantado polvareda es la restricción de munición letal durante protestas y manifestaciones. Los uniformados no podrán usarla en esos contextos, a menos que enfrenten una amenaza letal inminente. Cada disparo quedaría registrado y sería revisado internamente por la institución.

Desde el Ministerio de Defensa justifican que el nuevo manual busca "fortalecer los derechos humanos, evitar excesos y ajustar los procedimientos policiales a estándares internacionales". Sin embargo, sectores de oposición y expertos en seguridad han levantado la voz. Advierten que la medida podría dejar a los policías en desventaja frente a delincuentes cada vez más armados y violentos.

La polémica apenas comienza. Mientras unos ven en esta resolución un paso necesario hacia una Policía más responsable, otros temen que sacrifique la capacidad de respuesta en un país donde la violencia criminal sigue siendo un desafío.