La mañana del domingo 8 de marzo, minutos antes de que los colombianos abrieran las urnas para elegir Congreso, la Policía Nacional presentó un balance que pone en evidencia los esfuerzos por frenar la corrupción electoral. En total, los uniformados lograron incautar 3.626 millones de pesos que presuntamente iban a ser utilizados en compra y venta de votos durante el proceso electoral legislativo y la consulta popular de ese día.

Los operativos se desplegaron en distintas regiones del país para detectar movimientos sospechosos de dinero en efectivo. El resultado fue contundente: 41 personas fueron capturadas por su vinculación con posibles irregularidades en el proceso. De este grupo, 24 quedaron en libertad mientras dos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario. Las otras 30 personas continúan bajo investigación de las autoridades judiciales.

Los decomisos de dinero se distribuyen a lo largo de varias ciudades. En Bogotá, la cifra más alta fue de 632 millones de pesos, caso en el que una persona aguarda decisión judicial sobre su situación. En Montería descubrieron 434 millones dentro de un vehículo, lo que generó investigaciones contra dos personas por su relación con delitos que afectarían la transparencia electoral. Sucre también fue escenario de un importante hallazgo con 275 millones localizados en una camioneta, lo que resultó en una audiencia judicial.

En Puerto Triunfo encontraron 243 millones en otro vehículo, aunque tres personas que fueron retenidas inicialmente fueron liberadas posteriormente. La Pintada también registró un decomiso de 212 millones en una motocicleta, que derivó en dos capturas. Completando el panorama, en Apartadó, en la región de Urabá, las autoridades incautaron 150 millones más.

Estos operativos ejemplifican la intención de las autoridades por mantener la integridad de los procesos electorales en el país, aunque los hallazgos revelan la persistencia de quienes intentan interferir con dinero en la voluntad de los votantes colombianos.