Un nuevo escándalo golpea al Gobierno Petro. Esta vez por el esquema de seguridad asignado a Juliana Guerrero, una persona que según denuncias no ocupa cargo oficial pero que tendría influencia en la administración. La Unidad Nacional de Protección le otorgó medidas de protección, pero la decisión ha desatado cuestionamientos sobre criterios y transparencia.

Todo comenzó cuando Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, cuestionó públicamente la rapidez con que la UNP asignó protección a Guerrero. "Fue rapidito para sacarle las medidas sin ser funcionaria pública", afirmó la funcionaria, señalando que no había evidencias claras de amenazas que justificaran la medida.

El representante electo Daniel Briceño amplificó la indignación al publicar en redes sociales supuestas características del esquema. Según sus denuncias, Guerrero contaría con tres vehículos blindados y hasta nueve escoltas, todos financiados con recursos públicos. "Todo esto pagado con los impuestos de los colombianos, mientras asesinan líderes sociales y aumentan los delitos", expresó el congresista, cuestionando directamente al director de la UNP, Augusto Rodríguez.

Ante la presión, el director de la UNP salió a defender la actuación de su entidad. Explicó que el 6 de marzo de 2025 se registraron decisiones veloces, incluyendo el nombramiento de Guerrero como secretaria ejecutiva en el Ministerio del Interior. Según su versión, ese mismo día fue la propia Angie Rodríguez quien solicitó medidas de protección para Guerrero, adjuntando enlaces que evidenciarían riesgos en su contra. "Eso sí es bastante rapidito", respondió el funcionario a los cuestionamientos posteriores de la gerente.

El caso ha abierto un debate más amplio sobre los criterios que Colombia aplica para asignar esquemas de seguridad, especialmente cuando involucra a personas sin vinculación formal con el Estado. En redes sociales, el tema ha generado indignación y ha puesto bajo la lupa la transparencia en las decisiones de la UNP y el uso de recursos públicos.