En San Gil se encendió la alarma por un evento de campaña a favor del candidato presidencial Iván Cepeda que habría dejado más de un dolor de cabeza en la administración municipal. Las denuncias apuntan a que la jornada, donde se instalaron tarima, equipos de sonido y material publicitario, careció de los permisos necesarios y de documentos básicos como un plan de contingencia para emergencias y control de asistentes.

Lo más polémico fue la instalación de publicidad política del candidato directamente en la fachada de la Alcaldía, algo que encendió las luces de alerta en las autoridades. Orlando Quintero, secretario del Gobierno de San Gil, fue claro al responder: "Ellos mismos le manifestaron al señor procurador que no tenían ningún tipo de permiso, que asumían la responsabilidad y que retiraban todo lo que habían instalado. Nunca se les dio permiso, nunca hubo autorización por parte del alcalde y nunca hubo autorización por parte del secretario de Gobierno".

La administración municipal salió rápidamente a aclarar su posición. A través de un comunicado, la Alcaldía de San Gil enfatizó que mantiene neutralidad total frente a los procesos electorales y que cualquier permiso para usar espacio público se otorga bajo criterios de igualdad y transparencia, sin distinciones políticas. El funcionario aclaró además que las instalaciones municipales son bienes públicos dedicados exclusivamente al funcionamiento institucional, por lo que está prohibido fijar publicidad de candidatos, movimientos políticos o campañas en sus fachadas.

Quintero explicó que después de detectar la publicidad política en la sede administrativa, se realizó una verificación conjunta con el Ministerio Público y la Policía. De ese procedimiento quedó un acta e informe remitido a las autoridades competentes. También rechazó versiones que vinculen al alcalde con la organización del evento, asegurando que el funcionario no tuvo conocimiento previo de lo sucedido.

Curiosamente, cuando se intentó conocer quién organizó exactamente la actividad, varias organizaciones y líderes políticos del municipio que suelen hacer este tipo de eventos aseguraron no ser los responsables. Ninguno identificó a los verdaderos organizadores de la jornada.

El secretario de Gobierno dejó en claro que la puerta no estaba cerrada para hacer estas actividades legalmente. "Todo se hubiera podido hacer. No se le hubiera negado el permiso. Ellos debían presentar la solicitud con anticipación para que nosotros pudiéramos revisar los requisitos y autorizar la actividad conforme a la normatividad", sostuvo Quintero.

Las denuncias presentadas ante la Procuraduría Provincial ya están siendo analizadas para determinar si hubo irregularidades en la forma como se autorizó, organizó y desarrolló el evento político. Mientras tanto, en San Gil siguen en el terreno de la incertidumbre sobre quiénes fueron los responsables de esta acción que violentó los protocolos municipales.