El tema de la seguridad volvió a generar polémica en Colombia luego de que saliera a la luz el esquema de protección asignado a Juliana Guerrero, quien actualmente no ocupa ningún cargo público pero continúa contando con medidas de resguardo del Estado.

Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), salió a responder los cuestionamientos públicos sobre el caso. El funcionario aclaró que la información que circula sobre un supuesto esquema robusto con varios vehículos blindados y numerosos escoltas no corresponde a la realidad. Explicó que la protección a Guerrero se originó durante el tiempo en que ella estuvo vinculada al Ministerio del Interior y que en ese entonces reportó situaciones de riesgo que fueron evaluadas por los comités técnicos encargados de estas decisiones. Esos comités determinaron la necesidad de otorgar medidas preventivas, y actualmente su caso continúa bajo revisión a través de los procedimientos ordinarios que maneja la entidad.

Lo que ha molestado a varios sectores es que el Estado siga invirtiendo recursos en proteger a una persona que ya no trabaja en funciones públicas. Desde diferentes espacios políticos y de opinión, cuestionan esta decisión en un contexto donde líderes sociales, defensores de derechos humanos y otras poblaciones vulnerables reportan constantemente amenazas y no cuentan con la misma cobertura de seguridad.

El caso ha abierto un debate más profundo sobre cuáles son realmente los criterios que utiliza el país para asignar esquemas de protección y si se están priorizando correctamente los recursos destinados a esta materia.