Tras casi tres décadas funcionando en uno de los sitios más icónicos de Tunja, la Pizza Nostra enfrenta días inciertos. El restaurante que llegó al parque del Pozo de Donato en 1998 ahora se ve amenazado por un escándalo administrativo que ha puesto bajo la lupa el acuerdo de arrendamiento entre su propietario, la Cámara de Comercio y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

El conflicto nació de un hallazgo de la Contraloría General de la República. La auditoría detectó que en los últimos cinco años la UPTC dejó de recibir mil millones de pesos por concepto de canon de arrendamiento del inmueble. Esto desencadenó un proceso fiscal que investigará lo sucedido, aunque la universidad aclara que esto no significa necesariamente que habrá sanciones. La institución educativa argumenta que el convenio no se reduce solo al pago de arriendo, sino que incluye servicios de vigilancia, seguridad, mantenimiento y jardinería que costearía el arrendatario, prestaciones que la UPTC no podría asumir en este momento.

El rector Enrique Vera López anunció que la universidad notificó formalmente a la Cámara de Comercio sobre su decisión de no renovar el convenio cuando expire en agosto de 2027. Si se llega a un nuevo acuerdo, sería directamente entre la UPTC y Rafael Cortes, el propietario del restaurante, con un incremento en el canon mensual cuyos recursos se destinarían al programa de Arqueología.

Cortes, conocido como 'el Cocho', se mostró sorprendido por lo que califica como un "escándalo direccionado". Señala que cuando asumió la administración del lugar invirtió más de 400 millones de pesos recuperando un parque que estaba completamente abandonado y que se había convertido en un sitio peligroso para la ciudad. "Prácticamente todo hubo que construirlo", explica, destacando que actualmente el restaurante paga seis millones mensuales en dinero más obligaciones en especie tasadas en aproximadamente 20 millones adicionales. Aunque ya busca opciones para reubicarse en una nueva sede, Cortes espera reunirse con el rector para intentar un acuerdo que le permita continuar en el lugar.

La situación divide opiniones en Tunja. Varios programas académicos de la UPTC ven con buenos ojos que el predio regrese a manos de la universidad para instalar un museo o sala de exposiciones dedicada a la arqueología. Sin embargo, esto demandaría al menos 30 millones de pesos mensuales para su sostenimiento. Desde la Corporación Centinelas de Tunja se advierte que de regresar a administración universitaria, el parque podría caer nuevamente en abandono, recordando casos como la imprenta y el museo arqueológico de la UPTC que han enfrentado dificultades de mantenimiento. El temor es que un sitio que hoy funciona de manera organizada, accesible y segura termine cerrado al público o destinado a otros usos como parqueaderos.