La senadora María José Pizarro, jefa de debate del petrismo en el Congreso, planteó el 14 de marzo que la Constituyente no sería necesaria si el Legislativo aprueba las reformas sociales que impulsa el gobierno. Según Pizarro, "Si logramos avanzar, se daría ese escenario, si los colombianos ven cómo hay una materialización de sus derechos, si se avanza en una reforma política -hoy más urgente que nunca, después de lo sucedido en estas elecciones- así como una reforma electoral, estaríamos ante un escenario diferente".

Sus palabras exponen una contradicción incómoda en la lógica del gobierno: el Congreso es válido cuando aprueba lo que el ejecutivo quiere, pero cuando rechaza iniciativas o ejerce su función de control político, entonces aparece el discurso del bloqueo institucional y la limitación de derechos. ¿Significa esto que los derechos solo se materializan si las reformas se hacen a la manera del gobierno, sin necesidad de consensos? ¿Qué pasa cuando una reforma no se aprueba por falta de sustento técnico, como ocurrió con la reforma a la salud?

Yann Basset, doctor en Ciencia Política de la Universidad del Rosario, desestima el argumento de Pizarro. Según el académico, "exactamente en lo que hicieron con la consulta y la reforma laboral en su momento. La diferencia es que eso no es nada serio porque una Constituyente no es para aprobar reformas sociales. No hay necesidad de una Constituyente para eso". Basset también advierte que "Están presionando, pero es una estrategia que se les puede devolver en contra si el próximo gobierno es de derecha".

Lo curioso es que el presidente ha encontrado salidas alternas cuando el Congreso no coopera. Cuando el Legislativo rechazó la ley de Financiamiento que proponía el gobierno, Petro expidió un decreto para sortear la negativa. Aunque la Corte posteriormente declaró ese decreto inconstitucional, los pronunciamientos judiciales toman semanas o meses, tiempo en el que la medida ya produce efectos en el país.

El 24 de febrero, días antes de las elecciones legislativas, Petro presionó a todo su gabinete para que firmaran la solicitud de Constituyente. Esto sucedió después de que la Registraduría autorizara la recolección de firmas a finales de enero. Cabe recordar que Petro prometió durante su campaña que no convocaría este mecanismo. Ya en 2024 comenzó a decir que las circunstancias eran diferentes. Ahora sostiene que no necesita "cambiar toda la Constitución del 91" sino solo "reponer lo que la oligarquía le quitó", pero la convocatoria genera preocupación genuina sobre posibles cambios radicales que podrían afectar el sistema democrático y la separación de poderes.

Constitucionalistas consultados en investigaciones recientes han analizado los documentos del gobierno para sustentar la Constituyente y concluyen que la propuesta permitiría al ejecutivo "arrasar con todo". Expertos identifican dos propósitos detrás de esta estrategia: primero, modificar pilares fundamentales de la Constitución de 1991 y usar la Constituyente como plataforma electoral del Pacto Histórico para las elecciones de 2026. Segundo, funcionar como distractor en momentos críticos para el gobierno: baja ejecución de obras, escándalos recurrentes en varios sectores, endeudamiento y controversia sobre la declaratoria de emergencia.

El exregistrador Juan Carlos Galindo lo sintetiza así: "los tiempos no le dan al Gobierno. La insistencia sería netamente política: por un lado, para distraer a la opinión pública de los escándalos y la crítica, y por el otro, como campaña política pensando en 2026". El jurista Mauricio Gaona va más al fondo: "cuando un presidente quiere cambiar la Constitución porque no le permite hacer lo que quiere, al que hay que cambiar es al presidente, no la Constitución. Después de todo, la Constitución, no la voluntad del presidente, es la norma de normas".