Apenas un mes lleva detenido en Plano, Texas, Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias Pipe Tuluá, desde que fue extraditado de Colombia para enfrentar la justicia norteamericana. Lo que en estos días se mueve en la corte federal del Distrito Este de Texas es un proceso que podría marcar su futuro: tres graves acusaciones por narcotráfico que podrían significar décadas de cárcel.

Los cargos en su contra incluyen conspiración para distribuir y poseer cocaína, conspiración para fabricar y distribuir cocaína, y fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, según conoció El Colombiano. El 4 de febrero pasado comparecióante la jueza Aileen Goldman Durrett para su lectura de acusación y en ese momento se declaró no culpable de todos los cargos. La corte decidió mantenerlo bajo custodia federal mientras avanza el proceso.

Lo que viene ahora es crucial para Pipe Tuluá. El 16 de marzo a las 4 de la tarde vence el plazo para que notifique a la corte si llegará a un acuerdo de culpabilidad o si irá a juicio. Esta fecha es una línea que no puede cruzar sin consecuencias: si deja que pase sin un acuerdo, perderá toda oportunidad de recibir reducciones en su sentencia por aceptación de responsabilidad. En otras palabras, si se declara culpable después de esa fecha, no obtendrá las ventajas que sí tendría si lo hace ahora.

El calendario del proceso muestra que para el 30 de marzo, las partes involucradas deben haber presentado sus listas de testigos, las pruebas que van a usar y las preguntas para la selección del jurado. La fase preparatoria cierra el 6 de abril con una conferencia previa al juicio en Plano, donde se decidirá si el caso procede formalmente a la etapa de selección de jurado e inicio del juicio. El abogado David Núñez David fue formalizado como su representante el 9 de febrero, aunque se conoce que Pipe Tuluá sigue buscando un defensor de confianza en Estados Unidos para las fases más críticas del juicio.

Lo que añade complejidad a este caso son los acercamientos que su equipo legal hizo antes de la extradición. Según reveló la Unidad Investigativa de El Tiempo a finales de enero, su apoderado Luis Felipe Ramírez Ospina se dirigió a Jorge Lemus, entonces cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia, solicitándole que hiciera llegar peticiones de Pipe Tuluá al presidente Gustavo Petro. En la carta se identificaba a Marín Silva como "líder de la organización 'la Inmaculada'". La búsqueda era que el gobierno lo incluyera en mesas de exploración dentro de su política de paz total, un movimiento que generó críticas entre quienes consideran que la extradición era la única vía viable de justicia.

Reportes de investigación también indicaron que hubo un lobby de alto nivel desde hace más de un año para que el gobierno Petro abriera diálogos con este capo, incluso con viajes de funcionarios públicos a España en búsqueda de colaboración con Diego Marín, alias Papá Pitufo. El Reporte Coronell de Caracol Radio reveló que el mismo abogado Ramírez Ochoa tuvo reuniones con Jorge Lemus a nombre de Papá Pitufo, sumándose a otros encuentros que ya eran conocidos con exfuncionarios de la UIAF.

Ahora, en territorio estadounidense y bajo la jurisdicción de una corte federal, Pipe Tuluá enfrenta una realidad muy distinta. Los próximos treinta días serán decisivos para determinar si negocia su culpabilidad y obtiene beneficios sentenciadores, o si apuesta todo a un juicio donde deberá enfrentar toda la evidencia que la fiscalía presente en su contra.