La parranda vallenata con Nelson Velásquez en la cárcel La Paz de Itagüí fue apenas la punta del iceberg. Detrás de ese episodio se esconden muchas más irregularidades con los jefes criminales que actúan como voceros en la mesa de diálogos con el Gobierno nacional, y eso tiene alarmados a expertos y funcionarios que exigen medidas inmediatas.

El problema es claro: estos cabecillas están concentrados en el mismo penal, algo que vulnera protocolos básicos de seguridad. Voces autorizadas piden que regresen a las cárceles de origen donde cumplían sus penas. Alias Tom y Pocho deberían estar en La Picota, Douglas en Cómbita en Boyacá, y Lindolfo en la Tramacúa de Valledupar. La concentración en Itagüí, según advierten, ha permitido que sigan actuando con total libertad pese a estar tras las rejas.

Ángela María Buitrago, exministra de Justicia, fue contundente en su análisis. Señaló que "el mismo comité del Inpec ha señalado que deben estar en centros carcelarios separados, entonces aquí se han ido aglutinando en la cárcel de Itagüí, precisamente por las peticiones de las mesas sociojurídicas y esto significa devolver, entre otras, obligatoriamente a estos presos que están bajo las órdenes y disposiciones de la comisión de los jueces de ejecución de penas al lugar correspondiente al que fueron asignados". Para Buitrago, mantenerlos juntos durante los traslados también es un error que amplía el riesgo.

Luis Guillermo Pardo, exfacilitador de los diálogos sociojurídicos, fue más directo aún. Cuestionó cómo fue posible que en una penitenciaría de máxima seguridad se violaran estándares mínimos. Señaló que "es absoluta responsabilidad del Inpec y del Ministerio de Justicia, es decir, es el ministro de Justicia de quien depende el Inpec que tiene que aclarar cómo es posible que se puedan violar los estándares mínimos de seguridad en un centro carcelario".

El Gobierno insiste en que los traslados son necesarios para mejorar las condiciones y encontrar una ruta de acercamiento que permita continuar con el diálogo. Pero el argumento no termina de convencer a quienes advierten que detrás de estas decisiones hay debilidades graves en cómo se administra la seguridad penitenciaria en el país.