Paloma Valencia, exsenadora de la República, hizo un enfático llamado a la Fiscalía General de la Nación para que reactive de manera inmediata las órdenes de captura contra Alexander Díaz Mendoza, alias "Calarcá". Según Valencia, estas órdenes fueron suspendidas desde 2024 por solicitud del Gobierno Nacional, pero la situación ha cambiado significativamente desde entonces.

El argumento central de Valencia se fundamenta en una sentencia de la Corte Constitucional. En la resolución C-525 de 2023, la Corte estableció de manera clara que la suspensión de órdenes de captura contra miembros de grupos armados no es automática tras una solicitud del Poder Ejecutivo. Por el contrario, corresponde a la Rama Judicial evaluar si hay justificaciones reales para mantener esa suspensión. Esto significa que la Fiscalía conserva toda la facultad para reactivar estas órdenes cuando considere necesario, incluso sin autorización del Ministerio de Justicia o del Alto Comisionado para la Paz.

Valencia subraya que "alias Calarcá utilizó la suspensión de las órdenes de captura para seguir delinquiendo, infiltrar el Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia, ampliar la capacidad militar y financiera de su estructura armada y transportarse libremente por todo el territorio nacional, incluso en camionetas de la Unidad Nacional de Protección". Con estos argumentos, Valencia señala que la Corte Constitucional misma dejó claro que la suspensión de órdenes puede ser revocada cuando hay comisión de nuevos delitos.

En su análisis, Valencia critica lo que llama la pasividad de la Fiscalía frente a la estrategia de seguridad del Gobierno. Según ella, bajo la política denominada "Paz Total", se ha permitido la expansión de grupos armados que hoy cuentan con 27.000 hombres en armas. Valencia señala indicadores que considera alarmantes: el secuestro ha crecido 336%, la extorsión 46% y el terrorismo 119%.

La exsenadora es contundente al afirmar que la Fiscalía no puede eludir su responsabilidad constitucional. Además, rechaza la idea de que sean necesarias "mesas técnicas ni espacios de concertación dentro de quince días", puesto que considera que la ley permite actuar de forma inmediata. Valencia termina cuestionando si esta inacción responde a "cálculos políticos de cara a las elecciones de 2026", sugiriendo que permitir que criminales de alta peligrosidad transiten libremente podría responder a intereses políticos antes que de seguridad.