Un grupo de juristas, académicos y promotores del Referendo por la Estabilidad Constitucional presentó este lunes una solicitud conjunta al Consejo Nacional Electoral y a la Procuraduría General de la Nación. Lo que les mantiene en vilo es una posibilidad que consideran riesgosa para la democracia: que las declaraciones realizadas por el presidente Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda después de las elecciones del 31 de mayo sean utilizadas para frenar o bloquear la declaración oficial de los resultados de la primera vuelta.

El documento está firmado por los promotores del referendo Mauricio Pava y Sergio Bueno, además de personalidades como el expresidente de la Corte Constitucional José Fernando Reyes Cuartas y el exsuperintendente Luis Guillermo Vélez. Los firmantes expresan preocupación por las afirmaciones sobre supuestas alteraciones al software electoral, la existencia de un censo paralelo de casi un millón de ciudadanos y el anuncio de impugnar de manera masiva las mesas de votación. El problema central que señalan es que esas acusaciones no han sido acompañadas de pruebas. Incluso recuerdan que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó el pasado 10 de abril al Presidente rectificar afirmaciones sobre fraude electoral y abstenerse de formular acusaciones de ese tipo sin fundamento.

La preocupación es práctica y constitucional. Si se presentan miles de reclamaciones sin fundamento, el proceso de escrutinio podría demorarse significativamente. Eso afectaría la declaración oficial de resultados y generaría dificultades para cumplir el calendario electoral. La Constitución es clara: la segunda vuelta presidencial debe realizarse exactamente tres semanas después de la primera, y ninguna autoridad puede modificar ese plazo.

Los solicitantes también hacen referencia a un informe de la Unión Europea sobre las elecciones presidenciales de 2018, que advirtió que las reglas colombianas no fijan tiempos claros para algunas reclamaciones ante el CNE. Esa vaguedad en la normatividad podría ser aprovechada estratégicamente para retrasar la certificación de los resultados.

Por eso, piden al CNE que informe qué medidas adoptará para garantizar que los resultados sean declarados oportunamente. También solicitan que, si es necesario, se habiliten sesiones durante fines de semana y días festivos para acelerar los procesos. A la Procuraduría le piden vigilancia activa para evitar retrasos injustificados que terminen comprometiendo el calendario constitucional.

La pregunta de fondo que plantean los juristas es si las denuncias sin pruebas harán parte del debate político normal o si terminarán afectando la confianza ciudadana y el cumplimiento de los tiempos que establece la Constitución para las elecciones presidenciales.