El caos electoral se intensificó en Bogotá cuando se registraron ataques a la sede de campaña de Paloma Valencia el 21 de mayo. La reacción no se hizo esperar. Al día siguiente, Valencia apuntó directamente contra el presidente Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda, acusándolos de fomentar violencia contra la oposición. "Petro y Cepeda promueven la violencia contra la oposición. Las fachadas de las casas no son públicas, son privadas. Nos las quieren expropiar. Y cuando algo es público, tampoco es para dañarlo, ni para que el Pacto Histórico se lo tome, como hicieron con la Universidad Nacional o la de Antioquia. Respeten", escribió en redes sociales.

Petro respondió con tono diplomático pero firme. "Con todo el respeto que se merece, señora Valencia, la seguridad suya, de los demás candidatos y del expresidente Uribe la sostiene el actual Gobierno y no me arrepiento de hacerlo", escribió. Pero luego pasó al contraataque sobre el tema legal: "Lea la ley señora Valencia: toda fachada pública en Colombia es pública y está regida bajo normas públicas". El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se pronunció, afirmando que "los hechos de vandalismo en la sede de campaña de Valencia son violencia impulsada por declaraciones del propio presidente Petro".

Ahora bien, la realidad jurídica es más compleja de lo que ambos sostienen. El artículo 140 del Código de Convivencia, establecido por la Ley 1801 de 2016, prohíbe "escribir o fijar en lugar público o abierto al público, postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como piedras y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido permiso, cuando éste se requiera o incumpliendo la normatividad vigente". En otras palabras, tanto las fachadas públicas como las privadas están protegidas por esta norma cuando se consideran lugares abiertos al público. Esto significa que los daños y grafitis que sufrió la sede de Valencia serían ilegales bajo cualquier interpretación, independientemente de si la fachada es pública o privada.

Mientras la pelea por interpretaciones legales continuaba, surgieron acusaciones hacia la senadora María José Pizarro, jefa de debate de Cepeda. Paloma Valencia la señaló de participar en los ataques, basándose en dos videos divulgados por el presidente del Concejo de Bogotá, Humberto 'Papo' Amín, donde aparece una mujer en una movilización cercana a la sede vandálica. En los videos, grabados desde lejos, no es posible confirmar con certeza que sea Pizarro, aunque la mujer llevaba ropa similar a la que la senadora usaba ese día en actividades de campaña.

Pizarro rechazó rotundamente los señalamientos. Cuestionó la interpretación de las imágenes y reiteró que simplemente realizaba actividades políticas habituales recorriendo la ciudad. "¿Cuáles son las pruebas para hacer semejante asociación?", preguntó, insistiendo en que se trataba de acusaciones sin fundamento. En las imágenes difundidas por el concejal, la mujer solo aparece tomándose fotografías junto a otras personas presentes en la movilización, sin evidencia directa de participación en actos vandálicos.

La disputa refleja el caldeado ambiente de la campaña electoral colombiana, donde las acusaciones vuelan de un lado a otro sin que siempre haya claridad sobre los hechos reales. Lo que sí está claro es que, según la ley, nadie puede hacer daños a fachadas sin permiso, sean estas públicas o privadas.