En el gobierno Petro, la barrera entre el cargo público y la campaña electoral casi que no existe. Mientras embajadores, directores de entidades y alcaldes caen suspendidos por hacer campaña desde sus puestos, el presidente sigue participando abiertamente en la contienda sin que hasta ahora enfrente sanciones reales. La Procuraduría ya le abrió dos investigaciones, pero avanzan lentamente mientras él continúa hablando con candidatos, tomando partido y colando mensajes electorales en sus intervenciones públicas.

Lo que sorprende a los expertos es que esto no tiene precedentes en Colombia. Petro no se ha avergonzado de meter la mano en la política. Lo hace sin rodeos, y eso ha generado un efecto de espejo en sus colaboradores. Como dice el refrán, cuando el que manda quebranta las reglas, los demás encuentran justificación para hacer lo mismo. Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia, lo explica así: "El mal ejemplo cunde. Si el jefe de ellos, al cual le deben pleitesía y subordinación, quebranta esas normas, pues los ministros encontrarán precisamente legitimidad, seguramente irregular, para también participar de manera indebida en política".

La evidencia está a la vista. Carlos Carrillo, director de la UNGRD, fue suspendido por decir que entendía la preocupación del presidente respecto a lo que llamó un proyecto "abiertamente fascista". Alfredo Saade, embajador en Brasil, también fue apartado de su cargo por pedirle al ministro del Interior que renunciara. Antes, la embajadora en Haití, Vilma Velásquez, había sido suspendida por afirmar públicamente que "Tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda". Incluso alcaldesas locales como Latia Sindy Castillo Muñoz en El Paujil, Caquetá, fueron sancionadas por portar símbolos de campaña. A esto se suma la renuncia del viceministro de TIC, Andrés López Cabezas, quien según pudo establecer el medio que originalmente reportó esto, estaría relacionada con su intención de vincularse a la campaña del mismo Cepeda.

Los casos no son aislados. La Procuraduría ha recibido 556 quejas por presunta participación indebida en política en estas elecciones y tiene bajo investigación a por lo menos seis ministros del gobierno. Entre ellos figuran Armando Benedetti, jefe de la cartera política, quien fue investigado por afirmar que ningún candidato en Colombia podría derrotar a Petro en las urnas. También están bajo la lupa Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud; Antonio Sanguino, ministro de Trabajo; María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, y Eduardo Montealegre, quien era ministro de Justicia. Todos fueron señalados por hacer referencias públicas a su cercanía con el proyecto político de Cepeda.

El constitucionalista Juan Manuel Charry resume el panorama: "La situación es muy peculiar en el sentido de que no habíamos tenido un gobierno que fuera tan descaradamente interventor en política partidista y electoral como este". Lo preocupante es que mientras los subordinados reciben sanciones, las consecuencias para Petro podrían ser más políticas que jurídicas. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, encargada de investigarlo, tiene fama de ser el lugar donde estos procesos se quedan estancados, diluyéndose lentamente sin llegar a decisiones de fondo.

Para los funcionarios investigados, el riesgo es mayor. Si la Procuraduría concluye que hubo participación indebida, las sanciones van desde suspensión hasta destitución. Pero lo que realmente pesa son las inhabilidades de uno a 20 años sin poder ocupar cargos públicos. Para algunos, esto podría significar el fin de carreras políticas construidas durante décadas. El costo político de hacer campaña desde un cargo público puede parecer pequeño mientras se está en el poder, pero la factura llega después.