La tensión entre el Gobierno Nacional y la administración de Santander llegó a su punto más caliente esta semana. El presidente Gustavo Petro y el gobernador Juvenal Díaz se enfrascaron en un debate público sobre quién carga con la responsabilidad de la crisis que ha paralizad el departamento: los avalúos catastrales que se dispararon y afectaron especialmente a campesinos y pequeños propietarios.

Petro fue directo. Aseguró que alcaldes y concejos municipales tienen la potestad de fijar las tasas del impuesto predial y que pueden aliviar la carga tributaria sin esperar al Gobierno Nacional. Incluso lanzó una advertencia que no pasó inadvertida. "Alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía. El gobernador de Santander queda advertido: su función no es engañar a su pueblo diciendo que el problema es de la Nación; reúna a los alcaldes y trabaje con ellos en los acuerdos de tasa predial en los concejos municipales", escribió el mandatario en redes sociales.

La respuesta del gobernador Díaz fue con tono de inconformidad y hasta con un cuestionamiento que suena a provocación: "¿Tengo que aumentar mi seguridad, señor presidente? Sea claro. Para empezar, yo no organizo paros ni estoy de acuerdo con las vías de hecho", replicó. Luego fue al meollo del asunto: la resolución 2057, que según él generó aumentos desproporcionados en los avalúos. Explicó con ejemplos contundentes que predios pasaron de valer 200 millones a 2.600 millones de pesos. Eso convierte a campesinos en "ricos de papel", como dijo, obligándolos a pagar impuesto al patrimonio sin tener capacidad económica para hacerlo. Incluso llegar a vender una parcela se convierte en un calvario: hay que pagar gastos notariales con los nuevos avalúos.

Petro insistió en que el problema es la inequidad tributaria. Planteó que en los acuerdos municipales los pobres paguen poco y los ricos paguen más, y acusó a terratenientes de engañar al campesinado diciéndoles que serán gravados, cuando en realidad los concejos municipales pueden exonerarlos. "Deben hacer pactos municipales por el predial, pagan poco los pobres, pagan mucho los ricos en el acuerdo municipal. Que el campesinado deje de estar engañado, los terratenientes no quieren pagar impuestos y le dicen a los campesinos que los van a grabar, cuando el Consejo municipal los puede exonerar", afirmó el presidente.

Pero Díaz no cede en su posición. Señaló que el Gobierno Nacional tiene una responsabilidad que no puede eludir. "Hasta ese punto, presidente, la solución es suya. Puede suspender los efectos de la resolución 2057 y ordenar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi revisar las medidas junto a los alcaldes. Nadie más lo puede hacer", sostuvo. Sin embargo, admitió que en lo que respecta al impuesto predial propiamente dicho, sí hay margen para que los alcaldes actúen con acuerdos municipales que ajusten las tarifas.

La tensión escaló hasta el punto de que Petro eliminó el trino en el que había hecho la advertencia contra el gobernador. Para cerrar, Díaz invitó al presidente a participar en una mesa nacional de diálogo que se llevaría a cabo en el departamento, una propuesta que suena más como un llamado a bajar revoluciones que como un gesto de aproximación genuina.