El presidente Gustavo Petro llevó nuevamente a la palestra pública una herida que sigue sin cicatrizar en las comunidades pesqueras del Caribe: la muerte de Alejandro Carranza, un lanchero de 42 años que perdió la vida el 15 de septiembre de 2025 durante un operativo militar estadounidense en aguas colombianas. La denuncia llegó en medio de un Diálogo social con pescadores y comunidades productivas realizado en Ciénaga, Magdalena, donde el jefe de Estado enfrentó directamente los reclamos de decenas de trabajadores del mar afectados por estos hechos.

Lo que hace más grave esta situación es que Carranza no fue un caso aislado. Petro aseguró que al menos 200 lancheros habrían sido asesinados en el Caribe en circunstancias similares, pero sin que se conozca claramente sus identidades ni nacionalidades. "Con él muchos más que ni siquiera sabemos cómo se llaman", expresó el presidente en el acto, subrayando que la mayoría de estas muertes permanecen sumidas en el anonimato mientras sus familias aguardan respuestas que nunca llegan.

En su intervención, Petro rechazó de manera tajante la versión de autoridades estadounidenses que catalogaron a Carranza como "narcoterrorista". El mandatario humanizó la historia detrás de los titulares y los expedientes oficiales: un padre con aspiraciones modestas, un hombre que buscaba garantizar el futuro educativo de su hija mediante el trabajo en el mar. "Alejandro Carranza solo quería pagarle la universidad a su hija", relató Petro, antes de describir el momento fatal cuando un misil impactó la lancha en la que viajaba. "Eso no es justo, eso no es humano", sentenció.

El presidente fue contundente en sus conclusiones. Planteó que la muerte de Carranza no corresponde ni a la justicia divina ni a la humana, y reiteró su compromiso con la familia de la víctima, exigiendo una reparación pronta y adecuada por parte de las autoridades estadounidenses. "Dejo mi queja, mi voz, mi protesta", concluyó Petro ante la asamblea de pescadores, insistiendo en que Carranza no debió haber muerto nunca.

El caso sigue escalando como un punto de tensión internacional, pero también como un recordatorio de las historias invisibles que continúan ocurriendo en las aguas del Caribe, historias de familias rotas y comunidades que claman por respuestas y justicia que aún no llegan.