En Cartagena se encendió una disputa que va más allá de una obra de infraestructura. El presidente Gustavo Petro lanzó críticas desde sus redes sociales contra el proyecto '4 en 1 Bocagrande y Castillogrande', anunciado por el alcalde Dumek Turbay como la solución definitiva a los problemas de inundación que azotan los sectores más emblemáticos de la ciudad. Con una inversión estimada en 168 mil millones de pesos, la obra generó un choque político que trascendió los límites locales y abrió un debate nacional sobre prioridades, cambio climático y uso del dinero público.

El megaproyecto que defiende la alcaldía no es cualquier cosa. Combina cuatro componentes ambiciosos: una solución hidráulica con tanques de tormenta y estaciones de bombeo para enfrentar inundaciones, la modernización de 2,5 kilómetros de la Avenida Chile, la ampliación del paseo peatonal de la bahía y la revitalización de parques como Navas, Coral Gables y La Concha. Según la presentación oficial ante la Junta Directiva de la ANDI Bolívar, se trata de una intervención estructural que responde a dos fenómenos que castigan a Bocagrande: las altas mareas que inundan las calles y las lluvias intensas que convierten las vías en canales temporales. Todo proyectado para entregarse en 2027.

Los defensores del proyecto argumentan que no es solo infraestructura tradicional, sino una respuesta de largo plazo al cambio climático. Líderes políticos, empresarios del turismo y representantes comunitarios ven la obra como esencial para la competitividad de Cartagena como destino internacional. Sostienen que podría generar empleo en construcción, servicios y turismo, además de atraer inversiones para mejorar la experiencia urbana. Para ellos, la crítica presidencial representa una desconfianza hacia proyectos territoriales que dinamizan la economía local y protegen activos residenciales de alto valor.

Pero la posición de Petro abre otra conversación igualmente válida. Quienes respaldan su cuestionamiento subrayan que en un contexto de recursos públicos limitados y múltiples necesidades sociales en otras regiones afectadas por emergencias, estas decisiones requieren un análisis más amplio sobre equidad y retorno social de la inversión. Es decir: si hay dinero limitado, ¿dónde debe invertirse primero?

Lo que está en juego va más allá del dinero o la técnica. Esta polémica refleja diferencias profundas sobre quién decide el rumbo del desarrollo urbano en las principales ciudades del país y cómo equilibrar acciones locales con la visión estratégica nacional. En un momento donde Colombia enfrenta simultáneamente desafíos climáticos, sociales y económicos, las decisiones de infraestructura se convirtieron en un espejo de esas tensiones. Cartagena, la joya turística de la costa caribeña, se posicionó como un laboratorio político donde la gestión municipal choca con la nacional, con consecuencias que podrían definir cómo se adapta el país al cambio climático en sus ciudades más vulnerables.