El Gobierno Nacional decidió frenar todas las operaciones militares y policiales en contra de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una organización criminal que se desprendió de la Segunda Marquetalia en noviembre de 2024. Esta suspensión, ordenada por el presidente Gustavo Petro mediante decreto del 13 de junio de 2026, tiene como propósito crear las condiciones para que los integrantes de este grupo puedan trasladarse hacia una Zona de Ubicación Temporal ubicada en el municipio de Valle del Guamuez, en Putumayo.

La CNEB está conformada por dos estructuras: la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, que actúa en Nariño, Cauca y Valle, y los Comandos de Frontera, quienes operan en Putumayo, Caquetá y Amazonas. El desplazamiento inicial contempla que combatientes de los Comandos de Frontera comiencen a llegar a la zona de ubicación desde el amanecer del 14 de junio hasta la medianoche del 19. El contingente será de aproximadamente 100 personas, de un total de cerca de 1.800 integrantes que tiene la organización. El Gobierno estableció que "con el fin de proteger la vida e integridad de quienes participan en la implementación de la ZUT, la información relativa a las rutas de desplazamiento y a los lugares de ubicación de los integrantes de los Comandos de Frontera tendrá carácter reservado".

Las reglas que regirán en esta zona incluyen que no habrá despeje militar (diferente a lo que ocurrió en la antigua zona de despeje de El Caguán), que los combatientes no pueden portar armas ni uniforme de camuflado, y que no se aceptarán personas con procesos de extradición vigentes. Esto último excluye a Geovany Andrés Rojas, conocido como "Araña" y jefe de los Comandos de Frontera. La zona tendrá una vigencia de 10 meses, prorrogables según lo que determine el próximo gobierno tras evaluar los resultados. Un puesto de mando unificado, bajo dirección de la Gobernación de Putumayo, hará seguimiento al proceso.

Sin embargo, la decisión ha encendido las alarmas en varios sectores. La Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) expresó su inquietud por el decreto y señaló que "las ciudades capitales enfrentan de manera directa las consecuencias de la violencia, el narcotráfico, la extorsión, el desplazamiento y el reclutamiento. Por ello, consideramos indispensable que las decisiones que afectan su seguridad territorial cuenten con criterios claros, mecanismos de verificación efectivos y articulación con los gobiernos locales". La organización también advirtió que "la construcción de paz requiere legitimidad, confianza institucional y garantías para los ciudadanos".

El timing de la medida tampoco ha pasado desapercibido. Se implementa en plena campaña electoral presidencial, lo que ha generado críticas adicionales sobre la oportunidad política de la decisión y sus implicaciones para la seguridad territorial en momentos tan sensibles para el país.