El Gobierno nacional solicitó a la Fiscalía General que suspenda las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo como parte de su estrategia de negociación con grupos armados. La medida incluye al máximo cabecilla del grupo, alias 'Chiquito Malo', quien asumió el control de la organización después de que alias 'Otoniel' fuera extraditado a Estados Unidos durante el gobierno de Iván Duque. Según reveló Blu Radio, entre los incluidos hay criminales que tienen solicitudes de extradición activas de la justicia norteamericana.

El propósito es permitir que estos 29 individuos se trasladen hacia las denominadas Zonas de Ubicación Temporal, donde se concentrarían de manera transitoria. El proceso comenzaría el 25 de junio de 2026, pocos días después de la posible segunda vuelta presidencial. Las zonas estarían ubicadas en Tierralta, Córdoba, y Belén de Bajirá, Chocó. La suspensión de capturas tendría validez únicamente para el desplazamiento hacia estos lugares específicos.

Sin embargo, los números revelan un panorama preocupante sobre los resultados de la política de "Paz Total" durante 2025. Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, documentó que el Clan del Golfo bajo el mando de 'Chiquito Malo' pasó de tener presencia en 208 municipios al inicio del gobierno Petro a controlar 300 territorios el año pasado. Más alarmante aún: su capacidad militar casi se triplicó, pasando de 4.000 combatientes en 2022 a 9.840 en 2025. Las disidencias de las Farc siguieron una trayectoria similar, duplicando sus filas de 5.200 a casi 10.000 guerrilleros.

Según Arias, "los ceses al fuego instaurados durante 2023 permitieron la expansión de los grupos, disminuyeron la eficacia de la Fuerza Pública y, por tanto, permitieron un mayor control". El investigador señala que el problema de fondo es el "grado de gobernanza criminal", es decir, el dominio absoluto que estos grupos ejercen sobre la vida cotidiana en los territorios bajo su control. Human Rights Watch calificó 2025 como el año con "una de las peores situaciones humanitarias de la última década", lo que evidencia el crecimiento de estos grupos armados bajo la política de negociación.

Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, cuestiona el fundamento jurídico de estas medidas. Señala que el error estructural fue equiparar legalmente a grupos de delincuencia organizada como el Clan del Golfo con organizaciones de origen político, metiendo a "todos en un mismo saco" para obtener beneficios sin las exigencias propias de un proceso de paz real. Bernate afirma que "se ha fomentado el fortalecimiento de la criminalidad".

El penalista también critica la figura de los "gestores de paz", que según su análisis generó "espacios de impunidad muy importantes" al permitir que criminales sin representatividad real dentro de los grupos obtuvieran libertad. Advierte que suspender órdenes de captura sin una contraprestación verificable de paz envió un "mensaje perverso" y consolidó una "impunidad de facto". Aunque reconoce que la Fiscalía actuó bajo el amparo de la ley vigente, la consecuencia práctica fue una "inacción investigativa" en las zonas de cese. El riesgo, añade Bernate, es la prescripción de investigaciones y juicios en curso, "un escenario muy indeseable" para la justicia colombiana.