El presidente Gustavo Petro no para de cuestionar la legitimidad de las elecciones colombianas, incluso después de que un tribunal le ordenara que dejara de hacerlo. Este jueves publicó en X una serie de mensajes en los que nuevamente acusa a la Registraduría de ocultarle el código fuente del software electoral al país. Lo curioso es que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya le había dado una paliza legal en abril por estas mismas acusaciones, sin que eso le haya servido de lección.

En su intervención de redes, Petro discutió con declaraciones del registrador nacional Hernán Penagos, quien había asegurado que "la entrega del código fuente no se lleva a cabo en ninguna nación democrática" y que "en Latinoamérica a nadie se le ocurre entregar o solicitar el código fuente". El presidente respondió diciendo que esto era falso y que en el mundo la mayoría de países sí tienen software electoral con código fuente público, propiedad de los Estados. También reiteró su acusación de que desde 2018 la Registraduría incumple una orden del Consejo de Estado para entregar ese software.

Pero aquí es donde los hechos se ponen difíciles para el mandatario. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca revisó punto por punto lo que Petro ha estado diciendo y encontró que está equivocado. Sobre la supuesta orden de 2018, el tribunal determinó que aunque el Consejo de Estado usó la palabra "conminar" (que suena a orden), después aclaró mediante un auto que no era un mandato obligatorio sino apenas una sugerencia o exhorto. Por tanto, legalmente no hay ningún desacato que reprocharle a la Registraduría. Fue simple y llanamente falso lo que dijo el presidente.

También está equivocado cuando asegura que el código fuente se mantiene en secreto y no es auditable. El tribunal encontró pruebas, incluyendo informes de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que demuestran lo contrario. La Registraduría amplió los periodos para que especialistas de todos los partidos políticos inspeccionaran el código. El sistema tiene identificación biométrica, generación de códigos especiales y registros de auditoría que dejan un rastro completo. Incluso en 2014, fue el mismo software el que permitió al Consejo de Estado detectar irregularidades, lo que prueba que el sistema es auditable.

Lo más grave es que Petro está ignorando una medida cautelar que le ordenó rectificarse públicamente. El magistrado Luis Manuel Lasso Lozano le ordenó en abril que aclarara sus acusaciones sobre fraude en las elecciones de 2014, 2022 y las legislativas de marzo de 2026, y que en el futuro no cuestione la Registraduría sin evidencia sólida. El tribunal también le indicó que si tiene preocupaciones sobre el sistema electoral, debe tramitarlas a través de instancias oficiales como la Comisión de Coordinación y Seguimiento, no por redes sociales.

El fallo judicial fue claro al señalar que el presidente tiene "un deber de moderación" y debe "abstenerse de emitir mensajes que fracturen la unidad nacional o pongan en vilo la legitimidad de los futuros gobernantes sin contar con evidencia sólida y razonable". Además, destacó que los resultados técnicos de 2026 mostraron una coincidencia casi exacta entre el preconteo y el escrutinio (variación de apenas 0.28%), lo que acredita la confiabilidad del sistema actual. Con todo esto sobre la mesa, la insistencia de Petro en su narrativa de fraude sin pruebas sigue siendo un desafío abierto a la autoridad judicial.