El pasado 12 de mayo, la Corte Constitucional le puso un alto al presidente Gustavo Petro. Mediante la sentencia SU-432 de 2026, el alto tribunal le ordenó que se retractara públicamente y ofreciera disculpas por unos comentarios que había hecho sobre mujeres periodistas en el país. La razón era clara: con esas palabras, el presidente había cruzado una línea que vulneraba derechos fundamentales.

Todo arrancó cuando Petro, durante la posesión de la defensora del Pueblo Iris Marín, utilizó una expresión que generó revuelo. "Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia", dijo, asociándolas además con la construcción de lo que llamó "la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir ¡basta!". La Corte Constitucional consideró que con esta expresión el presidente "estigmatiza, fomenta violencia de género y viola derechos fundamentales a la no discriminación".

Como el presidente tardó en cumplir la orden judicial, se entablaron varios incidentes de desacato en su contra. Fue entonces cuando finalmente, durante un consejo de ministros, Petro decidió hacer la retractación que le habían ordenado. "Por pronunciar las expresiones 'las periodistas del poder, las muñecas de la mafia', entre comillas la Corte Constitucional ha encontrado que esas expresiones, dichas desde la investidura presidencial sobre un grupo de mujeres periodistas, ameritan retractación pública. Hoy las retiro formalmente de mi voz pública. Las mujeres que hacen periodismo en Colombia de ese grupo no son muñecas de la mafia. Son ciudadanas autónomas, profesionales, libres y parte sustancial de lo que mantiene en pie la democracia colombiana. A las periodistas aludidas y a todas las mujeres que ejercen este oficio en el país, les ofrezco mis disculpas", expresó el mandatario.

La Corte fue contundente en su sentencia. Ordenó al presidente que emitiera una nota aclaratoria en la que reconociera que sus manifestaciones no fueron adecuadas. También le exigió abstenerse de emitir mensajes o contenidos públicos, por cualquier medio presidencial, que vulneren los derechos a la no discriminación y a una vida libre de violencia de género y digital. En su momento, el tribunal reiteró que "el ejercicio de la libertad de expresión por parte de los servidores públicos y, en especial, de quienes ocupan las más altas dignidades, debe realizarse con un sentido de responsabilidad acorde con los valores constitucionales".