El presidente Gustavo Petro salió al paso de la demanda interpuesta por la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático contra el decreto que permite trasladar recursos desde fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. En un extenso mensaje publicado en X, el mandatario defendió punto por punto la medida y apuntó directamente al sector financiero como el verdadero interesado en frenarla.

Petro fue enfático al aclarar que los ahorros pensionales de los trabajadores les pertenecen únicamente a ellos y no a las administradoras de fondos privados. "El decreto dice lo que es obvio en el mundo financiero: el ahorro de los cuentahabientes pertenece a los cuentahabientes, a nadie más", expresó. El presidente explicó que los afiliados que decidan hacer el traslado lo hacen libremente y conservan la propiedad de sus dineros, sin que estos terminen en manos del Estado.

En su argumentación, el jefe de Estado aclaró que Colpensiones no transfiere recursos al Gobierno, sino que es el Estado quien destina recursos significativos para mantener el régimen público. "El Gobierno entrega más de doce billones de pesos anuales a Colpensiones para pagarle las pensiones a las personas que trabajaron en empresas privadas", señaló.

Petro no se detuvo ahí y escaló el tono al dirigirse directamente a Valencia. Acusó a la senadora de buscar proteger los intereses de banqueros y propietarios de fondos privados en lugar de los trabajadores colombianos. "Lo que busca usted con la demanda es proteger a los banqueros y a los dueños de EPS", expresó, vinculando esta acción con otros cuestionamientos que ha presentado la oposición a reformas en salud y trabajo. El mandatario apuntó que los dueños de administradoras de fondos privados no quieren devolver el ahorro a sus afiliados y que esa es la verdadera razón detrás de la demanda.

La demanda de Valencia cuestiona la viabilidad del decreto al argumentar que podría afectar la sostenibilidad del sistema pensional y generar riesgos sobre los recursos de los afiliados. Este enfrentamiento se suma a una serie de batallas legales entre el Gobierno y la oposición respecto a las reformas estructurales que impulsa la administración en sectores como pensiones, salud y trabajo.