La propuesta de Abelardo de la Espriella de transparentar el estado de salud de los candidatos presidenciales generó una respuesta matizada del presidente Gustavo Petro. Después de que el candidato revelara sus exámenes médicos realizados en Barranquilla y planteara que todos los aspirantes a la Presidencia deberían informar al país sobre su condición física, Petro tomó la palabra en redes sociales para marcar su posición en el debate.

El mandatario fue directo: "Si se trata de mostrar los exámenes médicos yo muestro los míos sin problema". Sin embargo, dejó clara una distinción que considera fundamental entre mostrar resultados puntuales y entregar toda la historia clínica de una persona. Para Petro, hay una línea que no debe cruzarse. "La hoja de salud de cualquier persona es de absoluta reserva porque eso es un derecho fundamental del paciente", explicó el presidente, enfatizando que la información médica está protegida por normas de privacidad que no pueden ser vulneradas, ni siquiera en nombre de la transparencia pública.

El jefe de Estado fue más allá y cuestionó que cualquier gobernante o aspirante a serlo promueva medidas que debiliten los derechos de los pacientes. "Un gobernante o aspirante a gobernante no debe invitar a la violación de los derechos del paciente", manifestó. En su intervención, Petro también aprovechó para referirse a su reforma a la salud, recordando que en su proyecto de ley buscaba que los pacientes ocupen el centro del sistema sanitario, algo que, según él, senadores ligados a la empresa Keralty no tramitaron.

Por su parte, De la Espriella había sido directo en su postura: "Debería ser ley de la República que todos los que aspiran a la Presidencia le informemos al país en qué condición está nuestra salud. No tengo nada que ocultar". El candidato, tras someterse voluntariamente a los exámenes, consideraba que la transparencia en este aspecto era una obligación para quien quiere gobernar.

El intercambio abrió un debate más amplio en la política colombiana sobre dónde está exactamente el punto de equilibrio entre el derecho de los ciudadanos a conocer la capacidad física y mental de quien pretende liderar el país, y el derecho fundamental de cualquier persona a que su información médica permanezca privada. Se trata de una tensión genuina entre dos principios válidos que, al parecer, los políticos del país todavía están aprendiendo a navegar.