La justicia frenó en seco al presidente Gustavo Petro este viernes 27 de febrero. El Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá lo sancionó con una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes por incumplir una orden judicial. El motivo: no ha querido retractarse de las graves acusaciones que lanzó contra el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño.

Todo comenzó cuando Petro, usando redes sociales y sus discursos públicos, vinculó al fiscal Burgos con carteles del narcotráfico. Además, sugirió que el funcionario habría "desaparecido" a Sebastián Marset del expediente relacionado con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Los juzgados de tutela de agosto y septiembre de 2025 ya le habían ordenado al mandatario rectificar estas afirmaciones y reparar el buen nombre del fiscal.

Sin embargo, cuando Petro intentó hacer las rectificaciones, el juez fue claro: estas "desdibujaron la orden judicial" sin realmente cumplir con lo ordenado. El despacho enfatizó que lo que corresponde es que el presidente cumpla la orden "sin rodeos", algo que no ha sucedido a pesar de los plazos que le otorgaron.

El abogado del fiscal pidió que se ordenara el arresto del presidente, pero el juzgado lo negó, considerando que la multa económica es una medida proporcional por ahora. Petro tendrá tres días hábiles para consignar el dinero de la sanción.

El expediente avanza ahora hacia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para una revisión final. Mientras tanto, el país observa si el mandatario finalmente se retracta de sus acusaciones o si continúa en la pugna con la rama judicial.