El presidente Gustavo Petro sancionó el viernes en Cereté, Córdoba, la Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria, una normativa que el Gobierno presenta como un cambio profundo en la forma de hacer justicia en el campo colombiano. La nueva ley modifica la estructura judicial agraria con el propósito de que los conflictos sobre tierras sean resueltos por jueces que se dediquen exclusivamente a estos temas, en lugar de pasar por los juzgados ordinarios que atienden cualquier tipo de caso.

¿Qué cambia en la práctica? Hasta ahora, un campesino que tiene un problema con la propiedad de su terreno o un conflicto sobre derechos territoriales debe recurrir a los mismos juzgados que atienden divorcios, robo de motos o incumplimiento de contratos. El resultado es que estos casos se pierden en colas y demoran años. Con la nueva ley, habrá tribunales y juzgados agrarios dedicados solo a esto, acompañados por equipos técnicos que entienden de agricultura y realidades rurales. Así, en teoría, los procesos serán más rápidos y cercanos a las comunidades del campo.

Un elemento importante de la reforma es la figura de los facilitadores agrarios y rurales, quienes orientarán gratuitamente a campesinos sobre sus derechos y cómo moverse en los procedimientos legales. Esto es relevante porque muchas personas en zonas apartadas del país ni siquiera saben a dónde recurrir cuando tienen un problema con la tierra, y no pueden pagar abogados privados.

Durante el mismo evento en Córdoba, Petro entregó más de 3.000 hectáreas a familias campesinas que fueron afectadas por inundaciones. Según el Gobierno, esta distribución beneficia a más de 1.000 familias. Los terrenos provienen de fuentes como el Fondo de Reparación a Víctimas, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), y algunos fueron recuperados por el Estado tras estar en manos de exjefes paramilitares. Los predios se encuentran distribuidos en varios municipios de Córdoba como Montería, Sahagún, Planeta Rica y Puerto Libertador, e incluyen beneficiarios de organizaciones campesinas, asociaciones productivas y comunidades indígenas como el Resguardo Zenú.

El Gobierno también comenzó trabajos de recuperación ambiental en el Bajo Sinú, especialmente la demolición de jarillones que han modificado los flujos naturales del agua en la Ciénaga Grande. Esta intervención busca restaurar ecosistemas y mejorar condiciones de vida de comunidades que dependen de estos terrenos.

Con esta ley, el Gobierno busca resolver un problema de vieja data: el acceso a la justicia en zonas rurales ha sido históricamente deficiente. La idea es que, cuando un campesino tenga una disputa sobre tierra, encuentre una institución estatal eficiente y cercana, en lugar de un sistema judicial genérico, lento y en ciudades lejanas. Esto forma parte de la apuesta más amplia del Ejecutivo por fortalecer la institucionalidad en el campo y distribuir la tierra de manera más equitativa en regiones que han estado rezagadas económicamente.