El Gobierno nacional se prepara para una acción sin precedentes contra las EPS. El presidente Gustavo Petro anunció que revocará la licencia de operación de Coosalud amparándose en el decreto 780 de 2016, una medida que toma después de que el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenara suspender la intervención estatal en esta empresa y devolverla a sus propietarios.

Sobre este movimiento, Petro fue contundente: "Este Gobierno a las más malas EPS; aquí están los datos, les quita la licencia de salud, no lo hemos hecho hasta ahora, nadie sabe que ese proceso existe". La decisión refleja la tensión que existe entre las órdenes judiciales que buscan devolver estas empresas al sector privado y la intención del Ejecutivo de ejercer mayor control sobre el sistema de salud.

David Mendieta, profesor de Derecho de la Universidad de Medellín, explica el choque entre estos dos poderes: "Con la orden del Tribunal de Bolívar lo que se hace es regresar a la EPS a sus dueños y frente a esta situación que no fue del agrado del presidente es entonces revocar el funcionamiento de la EPS". El académico aclara que el decreto permite al Gobierno revocar licencias cuando hay incumplimiento de servicios, quejas repetidas de usuarios, problemas financieros u otros factores que afecten la calidad asistencial.

El mismo Mendieta advierte sobre un vacío crítico en la estrategia: "Sería irresponsable del Gobierno si no tiene un plan de choque frente a la revocatoria del acto que permite el funcionamiento de una EPS y la obligatoriedad de trasladar a todos sus usuarios a otra EPS". Esta preocupación cobra peso cuando se considera que en Medellín hay más de 27 mil afiliados a Coosalud, sin contar los miles en otras ciudades.

Los efectos en la salud de los pacientes pueden ser severos. Julieta Henao Pérez, presidenta del Colegio Médico de Antioquia, advierte sobre un riesgo grave: "Estaríamos tal vez en riesgo de que haya una pérdida de la continuidad terapéutica en algunos de los casos y se puedan afectar las personas en cuanto a terapias de otros tipos o seguimiento a los procesos de enfermedades y también las personas con enfermedades huérfanas se verían muy afectadas". Esto significa que pacientes en tratamientos largos o con padecimientos raros podrían perder continuidad en su atención si el traslado a otra EPS no se maneja con precisión.

La situación se complica porque no es solo Coosalud la que enfrenta este escenario. El Tribunal Administrativo de Antioquia también ordenó devolver Savia Salud a sus dueños, colocando a esta empresa en la misma encrucijada. Hasta el momento, el Gobierno no ha presentado públicamente un plan detallado para el traslado masivo de millones de usuarios de estas dos EPS a otras compañías, lo que genera incertidumbre en toda la cadena de atención médica del país.