La sorpresa de la primera vuelta presidencial obligó al Gobierno a cambiar sus planes sobre la marcha. Tras confirmarse que Abelardo De la Espriella sacó una ventaja de aproximadamente 650 mil votos sobre el senador Iván Cepeda, el presidente Gustavo Petro convocó de urgencia a todo su gabinete a Casa de Nariño. La reunión extraordinaria tenía un propósito claro: analizar cómo enfrentar la segunda vuelta electoral, una contienda que promete ser compleja para el mandatario.

A través de redes sociales, Petro respondió a los resultados con un mensaje extenso donde arremetió contra De la Espriella, quien lo había acusado de querer perpetuarse en el poder. El presidente fue directo con sus números: aseguró que el progresismo necesita "tres millones de votos más" para ganar, y anunció que se pondrá "al frente" para defender lo que denomina "la vida".

Sin embargo, la reunión ministerial ocurre en medio de un panorama judicial complicado. El propio Petro enfrenta una investigación en la Comisión de Acusaciones de la Cámara por presuntamente romper la neutralidad electoral. No está solo en eso: varios de sus ministros también están en la mira de los organismos de control. La Procuraduría General de la Nación investiga formalmente a Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, por destacar la candidatura de Cepeda durante el discurso de apertura de las elecciones en Valledupar. Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, también está dentro de las indagaciones del Ministerio Público.

En ese contexto de presión, el embajador de Colombia en Brasil y exjefe de Despacho, el pastor Alfredo Saade, le pidió públicamente al presidente que renuncie a su cargo para quedar "libre de ataduras" y dedicarse completamente a la campaña. La idea no es nueva en política, pero en este caso enfrenta un obstáculo constitucional considerable: cualquier renuncia requeriría aprobación del Senado de la República según el Artículo 194 de la Constitución. Dado que el Gobierno actual no cuenta con las mayorías necesarias en el Congreso, el escenario es prácticamente imposible. Si se concretara, quien asumiría la presidencia sería la vicepresidenta Francia Márquez.

El panorama muestra a Petro contra las cuerdas, presionado judicialmente, enfrentándose a cifras electorales que no favoreció su candidato preferido, y con sus ministros bajo investigación por interferencia política. La segunda vuelta se perfila como una batalla cuesta arriba en términos legales y electorales.