El Gobierno vuelve a sorprender con decisiones que dejan más preguntas que respuestas. Wilmar de Jesús Mejía, quien fue sacado de la Dirección Nacional de Inteligencia tras quedar involucrado en el escándalo de los "archivos de Calarcá", fue nombrado director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, la entidad responsable de rastrear el lavado de activos y la financiación del terrorismo en el país. El movimiento resulta contradictorio: si la salida de Mejía se interpretó como consecuencia de las investigaciones en su contra, su nuevo nombramiento en uno de los cargos más sensibles en seguridad financiera parece darle un respaldo casi inesperado.

La Procuraduría investiga a Mejía por su presunta relación con información hallada en dispositivos de Alexánder Días Mendoza, alias "Calarcá", jefe de una disidencia de las Farc. Según los documentos, chats y fotos encontrados en computadores incautados durante un retén en Antioquia en 2024 y revelados por Noticias Caracol, Mejía habría filtrado datos sobre oficiales de inteligencia de la Policía y el Ejército. Él ha negado reiteradamente los señalamientos, afirmando que se trata de un montaje. Tras conocerse estos hechos en octubre de 2025, la Procuraduría le impuso una suspensión de tres meses. El 2 de marzo de 2026 presentó su renuncia a la DNI.

Más allá de las investigaciones, la trayectoria de Mejía levanta cuestionamientos sobre los criterios de selección. Es licenciado en Educación Física sin experiencia previa en agencias de seguridad, pero ha ocupado puestos clave en las entidades de Inteligencia más importantes del Estado. Mejía ha asegurado que en inteligencia no se exige formación académica específica, sino habilidades para obtener información y operar en terreno. Sin embargo, su ascenso ha sido atribuido más a relaciones políticas que a una trayectoria técnica. Según él mismo ha contado, conoció al presidente Petro en la campaña de 2002 cuando era representante estudiantil, relación que le abrió puertas para llegar como delegado presidencial a la Universidad de Antioquia y posteriormente a la DNI.

Jorge Lemus, quien lo precedía en la DNI, también enfrenta turbulencias. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra él por "realizar ofrecimientos de beneficios que competen a las autoridades judiciales" al abogado del contrabandista Diego Marín Buitrago, alias "Papá Pitufo". El escándalo explotó cuando Noticias Caracol reveló audios de reuniones entre Lemus y el jurista Luis Felipe Ramírez a comienzos de 2025. En esos encuentros, según la Procuraduría, Ramírez le "indicó al entonces director de la DNI que 'Papá Pitufo' tendría información que comprometería al Gobierno y a otras personas cercanas al presidente Petro".

En las grabaciones, Lemus expresó: "Que el hombre venga y hable, contra quien se le dé la puta gana y hasta donde quiera", a lo que el abogado respondió: "Ahora es que, si él va a hablar de todo, mejor dicho, apague y vámonos. Apague y vámonos". Estos audios generaron una conmoción mediática que obligó al Gobierno a salir a explicarse. El órgano de control ordenó inspecciones disciplinarias en la DNI y el Departamento Administrativo de la Presidencia para verificar si se emitieron autorizaciones para buscar acercamientos con Marín Buitrago.

Desde Presidencia, Gustavo Petro argumentó que los acercamientos no fueron una concesión a la criminalidad sino una estrategia de Estado. "Todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia y ese fue el único y exclusivo propósito", afirmó el mandatario. Agregó que "varios agentes de inteligencia aprovecharon esto para pedir dinero, lo cual no es permitido, por eso salieron de las entidades y por eso no está el señor Marín en Colombia respondiendo ante las autoridades". En cuanto a Marín Buitrago, quien fue señalado de entregar 500 millones de pesos a la campaña Petro Presidente de 2022 (hecho reconocido por el presidente, quien aseguró que el dinero fue devuelto), actualmente se encuentra en Portugal solicitando asilo político para evitar su extradición.