Petro rechaza sacar a "Chiquito Malo" de persecución: no autorizó su inclusión en negociaciones

El presidente Gustavo Petro se desmarcó de una resolución de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que proponía suspender capturas y extradiciones de 29 miembros del Clan del Golfo, incluido Jobanis de Jesús Ávila, alias "Chiquito Malo". Petro aclaró que nunca dio su visto bueno para incluir a extraditables en las primeras fases del proceso de paz y anunció una reunión para revisar el listado. La Fiscalía General suspendió por ahora cualquier acción sobre esos 29 nombres hasta verificar condiciones jurídicas.
El presidente Gustavo Petro marcó distancia de una resolución polémica que salió de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. La propuesta buscaba congelar órdenes de captura y extradición contra 29 integrantes del Clan del Golfo que participan en conversaciones con el Gobierno.
En el medio de esa lista estaba Jobanis de Jesús Ávila, conocido como "Chiquito Malo", quien encabeza esa organización criminal y es buscado por Estados Unidos. Lo delicado del asunto hizo que Petro saliera a aclarar, a través de su cuenta en X, que él nunca autorizó incluir al máximo jefe del Clan en ese traslado a zonas de ubicación temporal en el sur de Córdoba.
El mandatario fue más allá: aseguró que tampoco aprobó la lista inicial de los primeros 400 integrantes del grupo armado que entrarían al proceso. Explicó que todo se armó dentro de la comisión de paz sin que llegara a su escritorio para darle el visto bueno. "El proceso en sus primeras fases no contempla extraditables", dejó claro Petro, zanjando el tema sobre "Chiquito Malo".
Lo que viene ahora es una reunión que convocó el jefe de Estado para revisar nuevamente los nombres y establecer con claridad quiénes pueden realmente entrar en esta etapa de negociaciones con la estructura criminal. Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación tomó una posición prudente: no suspenderá por ahora las órdenes de captura contra los 29 mencionados en la resolución, a la espera de que se verifiquen las condiciones jurídicas y los compromisos que exige el Gobierno.
Fuente original: Seguimiento

