El presidente Gustavo Petro no aceptó el golpe judicial que acaba de recibir. La Corte Constitucional decidió con seis votos a favor anular la emergencia económica que el Gobierno había decretado en diciembre pasado, y Petro salió a defender públicamente la medida, advirtiendo que el país ya está pagando las consecuencias de esa decisión.

La emergencia económica fue el recurso que Petro utilizó cuando el Congreso hundió su segundo proyecto de presupuesto. Con esa medida, el Gobierno pretendía recaudar aproximadamente 11 billones de pesos mediante varias acciones: cobrar 15 puntos más de impuesto de renta a los bancos, aumentar los gravámenes sobre el patrimonio de quienes tienen activos superiores a 2.094 millones de pesos, e imponer cargas fiscales sobre lujos como yates y aeronaves. Aunque el Gobierno logró implementarla inicialmente, la Corte ya le había puesto una pausa en enero, y ahora la anuló completamente.

Según Petro, este fallo deja abierta una herida económica: "Los hechos demuestran que teníamos razón y ya estamos ante un fuerte encarecimiento de la deuda innecesario", señaló el presidente. En términos más claros, lo que esto significa es que sin esos impuestos adicionales, Colombia está pidiendo dinero prestado a tasas de interés más altas de lo que habría sido necesario. Para el presidente, esto ocurre porque un país que gasta más de lo que recauda no puede mantener indefinidamente deudas con intereses muy altos sin que el servicio de esa deuda termine asfixiando las finanzas públicas.

Frente a esto, Petro planteó dos respuestas. La primera es pedirle al Banco de la República que baje las tasas de interés para estimular la producción y el empleo, apoyándose en una sentencia que, según él, ya había ordenado en 1999 que el banco coordinara sus objetivos con el Gobierno nacional. La segunda es más directa: radicará un tercer proyecto de reforma tributaria en el Congreso, manteniendo la misma lógica del que acaba de ser tumbado: que quienes más tienen paguen proporcionalmente más impuestos que quienes menos tienen.

Para Petro, esto responde a un principio básico de la Constitución: en un Estado Social de Derecho, el sistema tributario debe ser progresivo, es decir, cobrar más a quienes tienen más recursos. El problema es que el Congreso ya rechazó dos versiones similares de esta reforma, una en comisión y otra la Corte acaba de anularla. Esta tercera intentona dependerá de si los legisladores encuentran una salida fiscal que el Gobierno y el parlamento logren acordar.