La tensión escaló en la Presidencia este jueves cuando Gustavo Petro salió a responder las graves acusaciones del general en retiro Henry Sanabria, exdirector de la Policía Nacional. Sanabria había asegurado que desde el alto gobierno recibió órdenes explícitas para detener operaciones de la fuerza pública contra grandes estructuras del narcotráfico, particularmente contra el Clan del Golfo durante el año 2022.

Según el relato del exoficial, Laura Sarabia, quien en ese momento era jefa de Gabinete, le habría hecho llamadas directas pidiéndole frenar procedimientos especiales bajo el argumento de no interferir con los diálogos de la llamada Paz Total. Estas revelaciones generaron una crisis institucional importante porque cuestionaban directamente si la administración Petro habría paralizado operativos clave contra el crimen organizado.

El presidente no tardó en reaccionar. A través de sus canales oficiales, Petro fue categórico: "Esto que dice el general es una mentira, jamás se han detenido operaciones militares". Explicó que los únicos cambios en el despliegue de tropas obedecieron a evaluaciones sobre bombardeos para proteger la vida de menores de edad y a los ceses al fuego que pactó formalmente al inicio de su gobierno con algunas organizaciones, ceses que fueron suspendidos meses después.

Laura Sarabia, quien ahora se desempeña como embajadora, también salió al paso. Negó rotundamente haber interferido en los despliegues de seguridad y anunció que emprenderá acciones penales contra Sanabria por sus acusaciones.

Petro enfatizó que la línea de su administración contra el crimen organizado siempre ha sido ofensiva y que los diálogos sociojurídicos se han desarrollado dentro del marco legal establecido. En medio de este tenso cierre de gobierno, el mandatario también lanzó una advertencia sobre el proceso de transición hacia la próxima administración: aseguró que no avalará decretos del nuevo gobierno que pretendan romper con los principios de derechos humanos.

El país ahora espera que los entes de control investiguen si realmente hubo restricciones en las operaciones de las fuerzas armadas en los territorios más azotados por la violencia, mientras la desconfianza institucional marca el final del gobierno Petro.