El presidente Gustavo Petro confirmó que presentará ante el Consejo de Ministros una iniciativa para modificar la Ley 30, la norma que desde 1992 regula la educación superior en Colombia. Su objetivo es claro: ampliar el alcance de la gratuidad en las instituciones públicas para que deje de ser focalizada y se entienda como parte del derecho al saber.

En sus redes sociales, Petro expresó que buscará cambiar la norma para que la gratuidad sea considerada como un "derecho al saber" y no dependa de la condición económica de quienes quieran acceder a la educación superior pública. Aunque todavía no existe un texto formal de la propuesta, el anuncio ya ha abierto la conversación sobre cuál sería el alcance real de esta medida, cuántos recursos se necesitarían y qué papel jugaría el Congreso en una eventual reforma.

Hoy en día, la política de matrícula gratuita ya cubre a estudiantes de pregrado en universidades públicas, pero funciona bajo reglas específicas de acceso y está limitada por la disponibilidad presupuestal. La Ley 2307 de 2023 ordenó la gratuidad en estos programas, pero su implementación es progresiva y depende del Marco Fiscal. El Ministerio de Educación, por su parte, ha implementado "Puedo Estudiar", un programa que busca eliminar barreras económicas pero que exige cumplir criterios como estar en estratos bajos, ser víctima del conflicto, pertenecer a comunidades étnicas o estar en situación de discapacidad, entre otros requisitos.

Lo que Petro propone es diferente: eliminar esos filtros socioeconómicos para que cualquier colombiano pueda acceder gratuitamente a la educación superior pública, sin importar su situación económica. Esto significaría revisar desde cero cómo se financia la política, cuál es su sostenibilidad dentro del presupuesto público y cómo se ampliaría el número de beneficiados.

El Gobierno ha presentado cifras positivas sobre el programa actual. Entre 2023 y 2025 invirtió 6,8 billones de pesos y logró que 930.000 estudiantes accedieran a educación superior gratuita, pasando de 690.000 beneficiados. Con esto, dice que ha cubierto cerca del 97 por ciento de los estudiantes de pregrado en instituciones públicas.

El anuncio genera expectativa pero también incertidumbre. El país atraviesa un momento político particular, apenas días después de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, y el periodo legislativo está llegando a su fin. Cualquier cambio profundo en la Ley 30 dependerá de si el Congreso lo aprueba o de las decisiones que tome el próximo gobierno. Por ahora, habrá que esperar a que Petro presente los detalles en el Consejo de Ministros para entender si la reforma tocará solo el tema de gratuidad, si ampliará la financiación general de las universidades públicas o si abrirá una revisión más amplia de todo el sistema de educación superior.