La tragedia de Jeisson Javier Pinzón Sandoval persigue al sistema de salud colombiano. Este joven de 20 años con leucemia linfoblástica aguda esperó un medicamento vital desde octubre de 2025 sin recibirlo. Su muerte se suma a otros casos de pacientes que pierden la carrera contra el tiempo mientras el sistema burocratiza la vida. Y precisamente cuando el país lamenta estas pérdidas, el presidente Gustavo Petro lanzó una de las decisiones más fuertes sobre el futuro de la salud: liquidar todas las EPS que estén quebradas.

Durante un Consejo de Ministros, Petro fue tajante: "Todas las que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera. Ya no tenemos alternativas". El anuncio marca un punto de inflexión en la discusión sobre cómo salvar un sistema que se desmorona financieramente. Ocho EPS han sido intervenidas por el Gobierno y están en el radar para ser desaparecidas: Nueva EPS con 10,8 millones de usuarios, Coosalud con 3,2 millones, Famisanar con 2,9 millones, Asmet Salud con 1,8 millones, Emssanar con 1,7 millones, Savia Salud con 1,6 millones, Servicio Occidental de Salud con 750 mil y Capresoca con 170 mil. En total, casi 23 millones de colombianos, es decir, casi la mitad de los usuarios del sistema de salud nacional.

El Gobierno sostiene que esta es la única salida frente al colapso financiero. Las deudas de estas EPS superan los 16 billones de pesos, una cifra que el Estado no puede absorber. "Nosotros no tenemos por qué pagar las deudas privadas de los dueños privados de las EPS; el pueblo colombiano no tiene por qué pagar", sostuvo Petro. El mandatario advirtió que asumir estas obligaciones llevaría al país a "la inestabilidad total de las finanzas públicas".

Pero el problema es que nadie ha explicado claramente qué pasará con esos 23 millones de personas si las EPS desaparecen de la noche a la mañana. No hay hoja de ruta conocida. Un análisis del Observatorio Financiero de Así Vamos en Salud confirmó que varias de estas entidades operan bajo presión financiera crítica: Famisanar reporta 3,1 billones de pesos en patrimonio negativo, mientras que otras como Savia Salud, Emssanar y Capresoca tienen pasivos que superan ampliamente sus activos. El diagnóstico podría ser aún peor, porque Nueva EPS, la más grande, no reporta información financiera desde 2024, y Coosalud tampoco entregó cifras al último corte.

En la práctica, una liquidación simultánea de estas entidades significaría que millones de pacientes en tratamientos críticos podrían quedarse sin medicamentos. Los que están en diálisis, los que reciben quimioterapia, los trasplantados, los que dependen de terapias crónicas: todos enfrentarían riesgos de interrupción. Además, clínicas y hospitales que dependen de los pagos de estas EPS verían comprometido su flujo de dinero, lo que afectaría empleos y la calidad de atención.

Petro también anunció que presentará nuevamente su reforma a la salud el 20 de julio, cuando renueve el Congreso. Ordenó gestionar recursos que supuestamente el Estado le adeuda a Nueva EPS para evitar que entre en causal de liquidación. Además, plantea subastas de medicamentos para reducir costos y cuestiona la gestión de algunos interventores.

En el papel, las decisiones suenan lógicas desde lo financiero. Pero en la realidad, donde están los pacientes, el margen para cometer errores es inexistente. Lo que está en juego no es solo un modelo de salud, sino la vida de millones de colombianos que dependen de él cada día.