El presidente Gustavo Petro analiza implementar un mecanismo poco común en el sistema financiero colombiano: obligar a los bancos a invertir recursos en proyectos que el gobierno defina como prioritarios. La idea surge, según el mandatario, porque cree que las entidades bancarias incumplieron los compromisos adquiridos en el Pacto por el Crédito, una iniciativa que buscaba aumentar el financiamiento a sectores específicos de la economía sin necesidad de reformas legales complicadas.

Para entender esto en términos cotidianos: imagine que el Estado decidiera obligar a los bancos a destinar una parte fija del dinero que reciben de los clientes a prestar en actividades que el gobierno considere útiles, como vivienda o agricultura, en lugar de dejar que los bancos decidan libremente dónde invierten. Eso es básicamente una inversión forzosa. El gobierno la justifica diciendo que ciertos sectores económicos no logran acceso fácil al crédito en el mercado normal, así que necesitan un empujón estatal.

Según datos disponibles hasta enero, el Pacto por el Crédito muestra resultados mixtos. Los bancos han colocado 214,1 billones de pesos de los 254,7 billones establecidos como meta, lo que representa un cumplimiento de 84,1 por ciento. El dinero se ha dirigido principalmente a manufactura y transformación energética (con un 78,3 por ciento de avance), y notablemente a vivienda e infraestructura, que superó su objetivo al alcanzar 110,7 por ciento. En cambio, sectores como economía popular apenas llegan al 77,6 por ciento de la meta, el desempeño más bajo entre los priorizados.

Aquí está lo interesante: aunque el gobierno dice que los bancos incumplieron, las cifras muestran que sí está fluyendo dinero hacia estos sectores, aunque no al ritmo que Petro esperaba. El mandatario aparentemente considera insuficiente este avance y por eso contempla usar decretos presidenciales, un instrumento más rápido que una reforma legal, para hacer estas inversiones verdaderamente obligatorias.

El Pacto por el Crédito fue diseñado hace poco más de un año como una alternativa negociada: los bancos se comprometían voluntariamente a canalizar recursos hacia vivienda, agricultura, turismo y otras actividades consideradas estratégicas, recibiendo a cambio algunas facilidades regulatorias. La propuesta inicial consideraba hacerlo a través de entidades especializadas como Bancóldex para empresas, Finagro y Banco Agrario para el sector agropecuario, y el Fondo Nacional del Ahorro para vivienda.

La tensión de fondo es clara: el gobierno busca mayor control sobre cómo los bancos usan el ahorro de los colombianos, argumentando que el mercado no dirige recursos hacia donde hace falta. Los bancos, por su lado, prefieren decidir cómo colocar créditos porque así maximizan ganancias. Las inversiones forzosas son una forma de que el Estado gane esta pulsada, aunque con riesgos: pueden afectar la rentabilidad bancaria, lo que eventualmente podría impactar los servicios ofrecidos a clientes regulares o los empleos en el sector.