El presidente Gustavo Petro ordenó la salida de Luis Óscar Gálvez de su cargo como interventor de la Nueva EPS, la aseguradora más grande del país. La decisión, confirmada por emisoras como Caracol Radio y Blu Radio, representa el cuarto cambio en la dirección de la entidad desde que fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud en abril de 2024. Una gestión que, según reportes, acumula cuestionamientos profundos por el deterioro tanto financiero como operativo.

Gálvez llevaba en el cargo desde noviembre de 2023, pero su administración estuvo marcada por la tormenta. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación formal contra varios interventores, incluyéndolo a él, para determinar responsabilidades en la debacle que hoy paraliza el servicio de salud. Los números son aterradores: la deuda de la Nueva EPS pasó de 6 billones de pesos en 2022 a cerca de 24 billones actualmente. Con más de 11 millones de personas afiliadas, la entidad acumula también un rezago superior a 120 mil tutelas sin resolver, lo que grafica el colapso en la atención.

El escenario se vuelve más crítico cuando se observan casos concretos. En Santander, más de 700 mil afiliados quedaron sin acceso a medicamentos básicos después de que Offimédicas, la empresa encargada de dispensarlos, suspendiera sus operaciones. La razón: millonarias deudas que la Nueva EPS no pagaba. Según Offimédicas, los incumplimientos contractuales y la falta de pago sostenida hicieron imposible seguir adelante. Paradójicamente, la Nueva EPS sigue obligada legalmente a pagar lo que debe, aunque ya no opera la dispensación. Una trampa sin salida.

Las consecuencias directas caen sobre los pacientes. La Procuraduría confirmó que esta crisis incidió en tragedias como la muerte de Kevin Acosta, un menor con hemofilia que no recibió a tiempo sus medicamentos en medio del caos. Casos así visibilizan que no se trata solo de números rojos en contabilidad, sino de vidas en riesgo.

Lo que ocurre con la Nueva EPS no es un accidente aislado. El Gobierno ha debido intervenir ocho de las 29 EPS del país por problemas financieros. Según la Contraloría General de la República, estas ocho entidades acumulan deudas que superan los 32 billones de pesos. La rotación constante de interventores, con cinco cambios en menos de dos años, evidencia la inestabilidad administrativa y la imposibilidad de encontrar soluciones que realmente funcionen.

Millones de colombianos siguen atrapados en un sistema cada vez más tensionado, donde el acceso a medicamentos y servicios es una batalla diaria. Por ahora, el Gobierno no ha anunciado quién asumirá la intervención tras la salida de Gálvez, una decisión crucial en uno de los momentos más complejos para la salud pública en el país.