El presidente Gustavo Petro se presentó este jueves en el municipio de Cubará, en el departamento de Boyacá, para ofrecerle un perdón formal al pueblo indígena U'wa por años de violaciones a sus derechos. Durante un acto público, el mandatario reconoció la responsabilidad que ha tenido el Estado colombiano en acciones que vulneraron tanto los territorios como la cultura de esta comunidad originaria.

"Me comprometo aquí, ante ustedes, no solo a pedir perdón y a reconocer la responsabilidad de gobiernos y del Estado en acciones que violentaron al pueblo U'wa, sino a adelantar lo que pueda adelantar de la sentencia", expresó Petro. El acto responde a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida el 4 de julio de 2024, en la que se declaró responsable al Estado por violaciones a la consulta previa, participación política, derechos culturales y protección del territorio ancestral.

Durante décadas, el Estado permitió que proyectos petroleros y otras intervenciones se realizaran en los territorios U'wa sin garantizar una consulta previa verdaderamente libre e informada. La corte internacional ordenó medidas de reparación que incluyen el saneamiento del territorio, programas de desarrollo para la comunidad y garantías de que esto no vuelva a suceder.

Sin embargo, Petro fue autocrítico y reconoció que el gobierno nacional no ha acelerado los procesos necesarios. Admitió que persisten deudas pendientes relacionadas con la adquisición de predios y la protección integral de los territorios U'wa. El presidente también lamentó que "no todo el Estado" estuviera presente en el acto, recalcando que las sentencias de la Corte Interamericana obligan a todas las ramas del poder público a garantizar la no repetición de estas vulneraciones.

El mandatario también se refirió a una decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia sobre terrenos baldíos, a la que culpó de frenar los procesos de saneamiento. Según Petro, ese fallo limita las facultades de la Agencia Nacional de Tierras y "va en contra de la sentencia de la CIDH", además de beneficiar a quienes actualmente ocupan esos predios, dificultando así el cumplimiento de las órdenes de la corte internacional para restituir territorios a comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes.