Poco más de seis años después de comprometerse públicamente a no convocar una Asamblea Constituyente, el presidente Gustavo Petro cambió de rumbo. A través de una red social, el mandatario invitó a sus simpatizantes y a los colombianos en general a aportar dinero para impulsar lo que antes había prometido no hacer. Con un número de cuenta de Bancolombia mostrado en un trino, Petro solicitó contribuciones de hasta diez millones de pesos para financiar el comité que promueve la Asamblea Nacional Constituyente, con la intención de entregar las firmas recolectadas al Congreso el próximo 20 de julio.

La decisión de lanzar esta campaña de recaudación genera inquietud por el momento político en el que ocurre. Falta apenas un mes para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, y el pulso que da Petro en favor de la Constituyente contrasta con el silencio deliberado de su candidato elegido para sucederlo, el senador Iván Cepeda. Aunque la campaña de Cepeda ha estado recolectando firmas en actos públicos y en eventos de apoyo, el aspirante ha evitado tomar una posición clara sobre el tema. En una entrevista reciente con Noticias Caracol, Cepeda mantuvo un discurso ambiguo: "Si me preguntan por mi posición, yo la explicito. Mi posición es muy clara: necesitamos un acuerdo nacional y ese acuerdo nacional, sí, puede terminar en una Constituyente, si es parte del acuerdo y entonces habrá que hacerla; pero puede ser que no termine en eso perfectamente. Lo importante aquí, más allá del procedimiento, es el contenido de los acuerdos".

Esta postura esquiva obedece a una presión contradictoria. Según fuentes cercanas a la campaña de Cepeda, el Partido Verde —que lo apoya— había puesto como condición explícita que renunciara públicamente a la idea de una Constituyente. Sin embargo, el equipo del candidato rechazó incluir una renuncia directa en sus compromisos, principalmente para no generar enfrentamiento con Petro, quien impulsa el proyecto con toda su maquinaria de Gobierno. El hecho de que en actos de la campaña de Cepeda en ciudades como Medellín estén recolectando firmas para la Constituyente, bajo el lema "cuando el sistema no sirve, el pueblo lo cambia", pone de manifiesto la contradicción que existe.

El abogado penalista Julián Lara, consultado por el medio que originalmente reportó esta historia, señaló que la iniciativa de Petro "es legal, pero es más una estrategia para mostrar que esté sacando plata del Gobierno para esa campaña y promover un enunciado de que no son recursos públicos. La otra es ver quién va a consignar plata a esa cuenta".

Detrás de la convocatoria está un proyecto más ambicioso. Desde diciembre pasado, el Gobierno inscribió como iniciativa popular un comité promotor de la Asamblea Constituyente ante la Registraduría. El proyecto plantea cambios profundos: transformar el modelo económico actual, reducir la autonomía del Banco de la República y crear un tribunal constitucional autónomo. El argumento central del Gobierno es que existe un "bloqueo institucional y omisiones legislativas" que han impedido garantizar derechos fundamentales. Este es el mismo argumento que ha esgrimido Petro durante casi cuatro años de mandato para justificar por qué sus reformas sociales no han prosperado en el Congreso.

La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta confirmó que la visita de Petro a Medellín el próximo 1 de mayo, en la conmemoración del Día del Trabajo, también servirá como plataforma para promocionar la Constituyente. "Será una marcha dedicada a promover una Asamblea Nacional Constituyente, recogeremos firmas y entregaremos formularios para esta tarea estratégica en la continuidad del cambio que llegó para quedarse", afirmó Zuleta.