El presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar los resultados de las elecciones del pasado domingo y, a través de redes sociales, hizo un llamado directo a los partidos políticos: contratar abogados con experiencia en derecho electoral para que se integren a las comisiones de escrutinio en todo el país.

El mandatario expresó su inquietud ante lo que él percibe como una "gran diferencia" entre el preconteo que se conoció públicamente y los votos que realmente están en las urnas. Pidió que esos abogados acompañen el proceso hasta el final con el objetivo de "cuidar el voto hasta el último momento", dejando clara su desconfianza en algunas etapas del proceso electoral.

Petro también cuestionó el funcionamiento del software que se utilizó durante las votaciones, calificándolo como vulnerable. Además, señaló que hay formularios electorales con tachaduras "que se cuentan por miles", algo que a su juicio podría generar confusión sobre la claridad de los resultados en diferentes mesas de votación. El presidente incluso mencionó supuestas evidencias de un entrenamiento de jurados de votación en el Valle del Cauca para cometer fraude, aunque hasta ahora no ha presentado públicamente las pruebas que respalden esta afirmación.

La Registraduría Nacional del Estado Civil no tardó en responder. La entidad aseguró que no existe la diferencia de votos que menciona el presidente entre el preconteo y los resultados que se van consolidando en los escrutinios. Explicó que el preconteo no tiene validez jurídica y su único propósito es informar preliminarmente a la ciudadanía al cierre de la jornada electoral. Los números que se divulgan en esa etapa provienen de actas de escrutinio que diligencian los jurados de votación al finalizar en cada mesa.

Según la Registraduría, esos resultados pasan por varias etapas de verificación: escrutinio auxiliar, municipal, departamental y finalmente nacional, donde se consolidan oficialmente los votos. En cada una de estas fases participan autoridades judiciales, delegados de los partidos políticos y organismos de control que supervisan el proceso.

La entidad también aclaró que si el presidente o los partidos quieren impugnar resultados, el procedimiento se llama reclamación y está regulado por el Código Electoral Colombiano de 1986. Solo pueden presentarlas candidatos, sus apoderados o testigos electorales debidamente acreditados ante el Consejo Nacional Electoral, y deben ser por escrito indicando claramente las mesas que desean revisar. La ley establece causales específicas como presencia de tachaduras en actas o diferencias del 10% o más entre votos de listas del mismo partido. Serán los jueces y notarios de las comisiones escrutadoras quienes decidan finalmente si procede un recuento en cada caso.