La palabra del presidente no se tradujo en acciones. Hace dos semanas, Gustavo Petro fue claro en una entrevista con Caracol Radio: "Nosotros lo echamos". Se refería a Óscar Iván Muñoz, un funcionario de la Cancillería señalado de haber gestado la renovación de la residencia en Nicaragua de Carlos Ramón González, el exdirector del Dapre acusado de corrupción que hoy es prófugo de la justicia colombiana. El Presidente buscaba dejar establecido que su Gobierno no ampara a investigados por delitos, pero la realidad cuenta otra historia.

Cuando periodistas le informaron que Muñoz no había sido sacado sino reubicado a otra sede diplomática, Petro fue categórico: "Si me dicen que está reubicado, hoy mismo se va". Diez días después, Muñoz seguía en el servicio diplomático. Según reveló Caracol Radio, el funcionario cumple labores como primer secretario de Relaciones Exteriores en la embajada de Colombia en Guyana. Lo que agrava la situación es que estaría en el cargo sin cumplir requisitos exigidos para esa posición, incluyendo acreditar el manejo del inglés, un requisito que sigue siendo obligatorio para nombramientos de ese nivel. Su salario mensual supera los 10 mil dólares, entre 39 y 42 millones de pesos colombianos.

El caso de Muñoz salió a la luz por un video vergonzoso. En diciembre pasado, durante un evento llamado Noche Vallenata Colombiana realizado en el Teatro Nacional de Nicaragua el 11 de diciembre de 2025 y promovido por la propia Cancillería, se grabó a Carlos Ramón González disfrutando de la fiesta mientras Muñoz, entonces encargado de negocios de la Embajada, se mostraba cerca de él. Las imágenes evidenciaban cómo el Gobierno ayudaba a proteger a un prófugo de la justicia.

González enfrenta tres acusaciones por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Es investigado por cohecho, peculado y lavado de activos. La Fiscalía sostiene que entre septiembre y octubre de 2023 "habría impartido instrucciones al exdirector de la Ungrd, Olmedo López, para pagar coimas con recursos provenientes de la contratación de la entidad" a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle. Según la Fiscalía, "se le atribuye ordenar la entrega de 3.000 millones de pesos con destino al senador Name, a través de la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz". El exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, Sneyde Pinilla, trasladó 1.000 millones de pesos a Montería con destino al representante Calle.

Lo que quedó claro es que la promesa presidencial de retirar a Muñoz no se cumplió. Su reubicación a Guyana parece más un cambio de escenario que una verdadera consecuencia por presuntamente facilitar que un investigado por corrupción evadiera la justicia colombiana.