La fotografía de una fiesta dentro de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí terminó siendo la gota que rebosó la copa. Después de que concejales de Medellín difundieron videos de una parranda organizada por cabecillas de bandas criminales en uno de los patios del penal, el presidente Gustavo Petro decidió actuar. Desde Ipiales, en la frontera con Ecuador, durante un consejo de ministros, el mandatario informó que ya había impartido la orden de trasladar a los responsables de este evento que, según cálculos, no costó menos de 500 millones de pesos.

En las imágenes que circularon se veía música en vivo con el artista vallenato Nelson Velásquez, equipos de sonido, alcohol y comida en cantidad. Un verdadero despliegue dentro de lo que se suponía era un lugar de máxima seguridad. Entre los cabecillas que permanecen detenidos y que habrían promovido la celebración figuran Albert Antonio Henao Acevedo, alias Albert; Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado; Andrés Dimaría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Fredy Alexander Henao Arias, alias Naranjo; y Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero.

El escándalo tiene ramificaciones más allá del simple acto de indisciplina carcelaria. El Gobierno Nacional decidió congelar los diálogos de paz urbana que venía adelantando en esa misma cárcel, un espacio conocido como el Espacio de Conversación Socio Jurídico, creado precisamente para impulsar el desescalamiento de la violencia en el Valle de Aburrá. El comunicado oficial del 9 de abril fue claro: los acercamientos no continuarán hasta que los voceros de las bandas criminales brinden claridad sobre lo ocurrido. Para una administración que ha apostado por negociar con actores armados, el incidente representa un golpe a la credibilidad de estos procesos y un recordatorio de lo difícil que es mantener el orden en espacios donde se reúnen líderes criminales.