Lo que parecía ser una cárcel de máxima seguridad terminó siendo una especie de club social para los capos del Valle de Aburrá. Así quedó evidenciado cuando la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla sacó a la luz videos que muestran a los reclusos en la penitenciaría de Itagüí, conocida como La Paz, disfrutando de una fiesta que incluía presentación de un cantante de música vallenata, licor, drogas y hasta teléfonos celulares. Lo que ocurría dentro de esos muros no era un centro de reclusión ordinario, sino, según se pudo ver, un espacio de negociación y diálogo entre el Gobierno Nacional y las estructuras criminales de la región.

La denuncia de Carrasquilla desencadenó una reacción rápida desde la presidencia. Gustavo Petro confirmó que ya se han puesto en marcha medidas administrativas y disciplinarias para enfrentar lo ocurrido. Como primer paso, se ordenó el retiro inmediato de los funcionarios que estaban a cargo de la dirección del centro penitenciario al momento de los hechos. Así mismo, las autoridades abrieron investigaciones formales contra el personal de custodia para establecer cómo lograron entrar los elementos prohibidos, desde el alcohol hasta los celulares.

El Ministerio de Justicia se encargará de evaluar a fondo los procedimientos de seguridad y vigilancia interna del pabellón donde se encuentran los privados de la libertad que están vinculados a los procesos de paz. Esto genera un cuestionamiento serio sobre cómo se garantiza la seguridad cuando precisamente se están adelantando negociaciones con estructuras criminales. La situación ha reavivado el debate sobre qué tan efectivo es el sistema penitenciario colombiano y si realmente funciona el modelo de paz total que promueve el Gobierno.