La orden llegó directa desde Presidencia. El presidente Gustavo Petro pidió al comisionado de Paz, Otty Patiño, frenar las conversaciones con Alexander Díaz, alias Calarcá, un disidente de las Farc que ha estado negociando con el Gobierno desde 2023. El punto de quiebre: un ataque con cilindro bomba ocurrido el 21 de agosto que emergió desde tierra y dejó 13 policías muertos en Amalfi, Antioquia. Petro atribuyó el atentado a las disidencias bajo el mando de Calarcá y lo sentenció así: "Calarcá se dedicó fue a matar soldados o a matar con crímenes de guerra a sus rivales de las FARC, del estado mayor central, que es narco-narco. Pues no hay paz". Durante el consejo de ministros de este martes añadió algo más contundente: "La paz tiene que hacerse sobre bases serias, no sobre mentiras".

Lo que el presidente acaba de hacer es tumbar la mesa después de siete ciclos de negociación liderados por Gloria Quiceno, quien fue parlamentaria por la Alianza Democrática M-19 y es especialista en resolución de conflictos. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República, liderada por Luz Adriana Camargo, ya había solicitado reactivar las órdenes de captura contra Calarcá. La entidad conformó un grupo especial de trabajo con fiscales e investigadores de distintas dependencias para fortalecer el caso y estructurar una imputación sólida.

Calarcá no es un actor menor. Tiene 22 años en la criminalidad dentro de las Farc y hoy lidera el Estado Mayor de Bloques y Frentes, una estructura que rebautizó lo que quedó de las disidencias del estado mayor central. Su maquinaria está compuesta por 16 estructuras consolidadas en tres bloques: Jorge Suárez, Magdalena Medio y Comandante Raúl Reyes. Con casi 3.000 combatientes, su influencia ya se extiende a 10 departamentos y cerca de 100 municipios, imponiendo control en territorios donde antes no tenía presencia.

Gerson Arias, investigador de conflicto armado de la Fundación Ideas para la Paz, advierte que esta decisión marca un punto de quiebre para la Paz Total. No es solo un apaga incendios político, sino el inicio de un debilitamiento progresivo que podría radicalizar a las disidencias. El primer efecto práctico es la parálisis operativa. "La suspensión de la mesa implica es que no se va a poder avanzar en ningún otro tema. El punto inicial para retomar una reunión directa sería definir cuál es el nivel de compromiso del actor involucrado, si realmente lo mantiene. En ese sentido, podría decirse que la mesa terminaría dedicándose exclusivamente a este tema", explica Arias. Cuando esto escala al nivel del presidente, agrega, la experiencia enseña que en dos o tres días el mandatario preguntará qué pasó, dejando los demás asuntos "prácticamente engavetados".

El panorama para Calarcá se complica de tres maneras. La primera es el regreso a la guerra. Existe riesgo latente de que abandone la mesa y retome acciones armadas como lo hizo Iván Mordisco, lo que podría significar un incremento de ataques contra la Fuerza Pública y objetivos estratégicos en Meta, Guaviare, Norte de Santander y norte de Antioquia. La segunda opción es la extradición a Estados Unidos. "Ese país podría, por el solo ataque al helicóptero Blackhawk, poder llegar a requerirlo en una corte de Estados Unidos por ser la aeronave de EE.UU. Lo que podrían ellos alegar es: 'usted ha hecho un atentado terrorista contra un bien público del gobierno de Estados Unidos', venga para acá a responder'", ilustra Arias. Otros cabecillas como el Mocho Olmedo también enfrentan esta posibilidad.

La tercera ruta es más sugerente: buscar refugio en Venezuela. Arias plantea que ante presión militar y judicial, Calarcá podría "escabullirse" y abandonar definitivamente el proceso. Para esto tendría aliados estratégicos. Su ficha alias John Mechas, del Frente 33, facilitaría el paso por Norte de Santander con seguridad y contactos mafiosos. Además está el Frente Acacio Medina, presente en el estado Amazonas de Venezuela, vinculado a la Segunda Marquetalia y liderado por alias John 40, que controla corredores estratégicos entre Colombia y Venezuela en economías ilegales como narcotráfico y minería. Según el investigador, existiría una relación funcional previa entre mandos, con apoyos logísticos y redes ya establecidas para facilitar "rutas seguras, especialmente hacia zonas como Vichada".

En paralelo, alias Erika, pareja sentimental de Calarcá, cobra mayor relevancia. Es el eje de las comunicaciones y logística urbana, "encargada de garantizar los enlaces entre el líder y las redes territoriales. Su rol sería determinante en un eventual escenario de clandestinidad o reconfiguración operativa", subraya Arias. Si Calarcá desaparece de la mesa, ella podría convertirse en la cara visible de la estructura en las negociaciones.

Lo cierto es que la suspensión de la mesa no solo interrumpe formalmente los diálogos. También estanca avances alcanzados en regiones estratégicas como las Sabanas del Yarí y Meta, donde los acuerdos de transformación territorial quedarían relegados. Arias concluye que la decisión presidencial representa algo más que un freno a las negociaciones: es la antesala de un escenario complejo caracterizado por mayor confrontación militar, activación de procesos judiciales internacionales y posible reconfiguración de las disidencias hacia dinámicas radicales y clandestinas. La Paz Total, en este punto, enfrenta uno de sus momentos más críticos.