La paciencia se acabó. El presidente Gustavo Petro no dudó en calificar como una "monstruosidad" el anuncio de Ecuador de llevar los aranceles al 100 por ciento para productos colombianos, y respondió con una decisión igual de drástica: ordenar la salida inmediata de Colombia de la Comunidad Andina. Para Petro, quedarse en ese bloque no tiene sentido. "Nada hacemos ya allí", argumentó, apuntando en cambio hacia el Mercosur y una reorientación comercial hacia el Caribe y Centroamérica.

La canciller Yolanda Villavicencio, aunque respaldó la decisión presidencial, lamentó profundamente los pasos dados. Según ella, romper con la Comunidad Andina debilita décadas de integración que han beneficiado especialmente a las comunidades de frontera. "Ecuador, como nación tiene pleno derecho a definir su rumbo; pero romper con la Comunidad Andina debilita décadas de integración que han beneficiado a nuestros pueblos. Más que fracturar, América Latina necesita hoy unidad, diálogo y visión compartida para enfrentar sus desafíos comunes", expresó la ministra. Sin perder tiempo, ya está tramitando la entrada de Colombia al Mercosur como socio pleno.

Esta escalada comercial lleva ya meses intensificándose. Todo comenzó a comienzos de 2026 cuando Ecuador impuso una "tasa de seguridad" del 30 por ciento a productos colombianos, argumentando problemas de seguridad fronteriza y cuestionando la cooperación de Bogotá contra el narcotráfico. Colombia respondió con medidas similares y suspendió las exportaciones de energía eléctrica hacia el país vecino. En marzo pasado, Ecuador aumentó los aranceles al 50 por ciento, y ahora anunció que desde el 1 de mayo serían del 100 por ciento, afirmando que Colombia no ha implementado medidas de seguridad fronteriza suficientes.

Los intentos de arreglarse han fracasado hasta ahora. Una ronda de conversaciones entre viceministros de ambos países se realizó el 25 y 26 de marzo en Lima, mediada por la Comunidad Andina. Aunque ambas delegaciones mostraron voluntad de diálogo, no se alcanzaron acuerdos concretos y solo se planteó continuar con reuniones técnicas posteriores.

Mientras tanto, la guerra arancelaria ha golpeado duramente a comerciantes y transportistas en ambos lados de la frontera. En el Puente Internacional de Rumichaca, entre Ipiales y Tulcán, durante casi 19 días en marzo realizaron protestas y bloqueos denunciando pérdidas de hasta 5 millones de dólares diarios. Aunque reabrieron el paso antes de Semana Santa, los gremios advirtieron que no renuncian a sus reclamos y seguirán presionando por una solución negociada entre los gobiernos.