Luego de que trascendiera la realización de una fiesta vallenata en la cárcel La Paz de Itagüí hace poco más de una semana, donde participaron cabecillas de bandas delincuenciales de Medellín y el Valle de Aburrá, el presidente Gustavo Petro tomó decisiones contundentes durante el consejo de ministros. El jefe de Estado fue categórico al respecto: "Los señores que hicieron la 'fiestica' salen de la cárcel y entran a otra trasladados a Bogotá. Salen de Itagüí, se acabó el tema".

Esta orden ejecutiva se suma a las acciones ya tomadas por autoridades penitenciarias. El Inpec separó del cargo a 11 funcionarios de la cárcel tras detectar múltiples irregularidades durante un operativo de inspección que documentó el evento. Además, la delegación del Gobierno en la Mesa de Paz Urbana decidió suspender los diálogos con los cabecillas involucrados. La Procuraduría Regional de Antioquia también envió una comisión para investigar las responsabilidades disciplinarias de los servidores públicos que permitieron el ingreso de artistas y elementos para la parranda, así como remodelaciones y lujos detectados en las celdas.

Las críticas de las autoridades locales no tardaron en llegar. Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, fue particularmente directo con su análisis: "Ya no hay que hablar de la cárcel de Itagüí, hay que hablar del resort de Itagüí. Yo lo he dicho, hay cárceles que se han convertido infortunadamente en universidades del crimen, pero aquí en Itagüí no podemos hablar de una universidad del crimen, hablamos de un resort criminal".

El concejal de Medellín Alejandro De Bedout también se pronunció sobre lo ocurrido, señalando que "lo que ocurrió el 8 de abril en esa cárcel —una parranda vallenata, organizada por los mismos líderes criminales que el Gobierno llamaba 'voceros de paz'— no fue una sorpresa. Fue la consecuencia inevitable de mantener a delincuentes de alta peligrosidad agrupados, con beneficios especiales y sin marco jurídico claro". De Bedout añadió que ya había radicado una solicitud ante varias instituciones exigiendo la revocación de las vocerías y el traslado inmediato de estos cabecillas a otros centros de reclusión.

El episodio deja en evidencia las tensiones alrededor de cómo se está gestionando la reclusión de estos personajes dentro de los procesos de negociación con el Gobierno. Lo que comenzó como una iniciativa de diálogo ahora genera preocupaciones serias sobre el control y la disciplina dentro de los centros penitenciarios donde están alojados.