El presidente Gustavo Petro ordenó investigar de dónde llegaron los explosivos que se utilizaron en el atentado ocurrido en la vía Panamericana, a la altura de Cajibío en el Cauca. La solicitud la hizo después de presidir un consejo de seguridad en la Casa de Nariño, donde anunció públicamente que quería saber las rutas por las que ingresarían estos materiales al país.

Según la información que maneja el Gobierno, los artefactos explosivos que se han usado en ataques recientes están siendo suministrados por redes de narcotráfico a los grupos armados ilegales que operan en esa región. Petro fue directo en su preocupación por el impacto en la población civil. "Propuse: miren de dónde vienen los explosivos de Cajibío, matando población civil. Terrorismo", afirmó durante su intervención televisada.

El mandatario fue más allá y planteó que detrás de estos atentados no está solo un jefe de grupo, sino lo que él denominó una "Junta del Narcotráfico". Explicó que esta estructura sería la que da órdenes y coordina a distintas organizaciones criminales en el país, como el Clan del Golfo y disidencias armadas en el Cauca y el Guaviare. A su juicio, esto explicaría por qué hay intentos de sabotaje electoral en algunos territorios.

En cuanto al desplazamiento de rutas de droga, Petro señaló que Colombia ha fortalecido sus controles fronterizos e interdicción, lo que habría obligado al narcotráfico a usar más los puertos ecuatorianos. El presidente presumió de resultados: dijo que su administración ha incautado cerca de 3.300 toneladas de cocaína, cifra que consideró un récord, y que ha logrado capturar presuntos narcotraficantes en lugares como Dubái gracias a cooperación internacional.

En el plano de la justicia penal, Petro informó que la Corte Penal Internacional aceptó una denuncia contra alias Iván Mordisco e inició investigación preliminar por presuntos crímenes de lesa humanidad. El presidente pidió que esas indagaciones se extiendan a otros cabecillas que operan en el Cauca.

Finalmente, el mandatario destacó avances contra los cultivos ilícitos. Indicó que al cierre de diciembre de 2025 hay registradas 258.144 hectáreas de cultivos de coca, con una reducción neta de 4.000 hectáreas mediante programas de sustitución voluntaria. Según explicó, su estrategia ha permitido sustituir 39.000 hectáreas en total, debilitando así las economías ilegales que financian a los grupos armados.