La tensión entre el Gobierno y el Consejo de Estado llegó a un punto crítico después de que el tribunal suspendiera los efectos del decreto presidencial que autorizaba el traslado de ahorros desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. Gustavo Petro respondió con dureza a esta decisión judicial, convirtiendo el tema en un pulso institucional sobre quién define la política pensional en el país.

En un mensaje publicado en redes sociales, el mandatario expresó su convicción de que existe un delito de prevaricato en la actuación del magistrado que bloqueó la medida. "El magistrado que violenta la ley al impedir el traslado del ahorro pensional de 25.000 recientes pensionadas y pensionados, porque se trasladaron libremente a Colpensiones, comete el delito de prevaricato", escribió Petro.

El presidente también utilizó lenguaje directo al referirse a los banqueros y administradoras de fondos privados. Sostuvo que "el deber sagrado de todo banquero es cuidar el ahorro del ahorrador y devolverlo cuando lo solicite el ahorrador, porque no es dinero de los banqueros. Los banqueros que detengan el dinero del ahorrador son bandidos y no pueden seguir siendo banqueros".

En respuesta a una advertencia del Consejo de Estado sobre "poderes desbordados", Petro dejó clara su posición: "nadie del Estado puede decir que el derecho a la pensión es un poder desbordado". El mandatario pidió formalmente a la Superintendencia Financiera que investigue el caso y advirtió que cualquier entidad que se niegue a girar los recursos de los pensionados será denunciada ante las autoridades competentes por incumplir la ley.

Petro enfatizó que su Gobierno únicamente aplica lo que consagran la Constitución y la ley, rechazando de frente la crítica judicial. La batalla legal en torno a los traslados de pensionados se mantiene en el centro del debate político sobre el futuro del sistema pensional colombiano.